España dejará de conceder y renovar los permisos de residencia temporal por razones humanitarias a partir de este viernes, incluyendo los otorgados mayoritariamente a ciudadanos venezolanos desde 2018 ante la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, España dejará de reconocer y renovar estatutos de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional tal y como venía haciendo hasta ahora. La medida implica que ya no se otorgarán nuevos permisos bajo esta modalidad, ni se tramitarán las renovaciones de aquellos que se encuentran próximos a vencer.
Este esquema de protección fue implementado por el Ejecutivo español en 2018 para gestionar el elevado volumen de solicitudes de asilo provenientes de Venezuela, informó BancayNegocios.
Durante este periodo, la baja tasa de reconocimiento del estatus formal de refugiado motivó la creación de este permiso especial, logrando regularizar la situación migratoria de aproximadamente 240,000 ciudadanos venezolanos residentes en territorio español.
Impacto en los residentes actuales
Para las personas que actualmente poseen una residencia temporal por razones humanitarias, la nueva normativa establece limitaciones importantes. El Ministerio del Interior ha precisado que estos ciudadanos no podrán solicitar la reagrupación familiar bajo este estatus.
Ante la imposibilidad de renovar el permiso humanitario, el Ministerio recomienda que los interesados deban gestionar «otras autorizaciones de residencia y trabajo» que se ajusten a su situación actual. El objetivo es que los ciudadanos busquen alternativas dentro del marco migratorio general para mantener su legalidad en el país.
Contexto del Pacto Europeo
Los ajustes responden a la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un marco legal diseñado para unificar los criterios de gestión migratoria y protección internacional en los Estados miembros de la Unión Europea.
La transición hacia este nuevo sistema conlleva la eliminación de políticas nacionales específicas de protección humanitaria que se apartaban del estándar comunitario. Las autoridades españolas instan a los residentes afectados a consultar las alternativas disponibles para regularizar su estatus conforme a la nueva ley.
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