La despenalización del aborto es una de las principales metas que esperan lograr los colectivos feministas de Venezuela. La situación en cuanto a la prohibición de la interrupción del embarazo afecta a miles de mujeres, entre ellas menores de edad, quienes exigen que se les permita ejercer su derecho a decidir y planificar sus vidas.
Ante esta situación, la integrante de la Red por los Derechos de la Niñez de Venezuela, Angeyeimar Gil, explicó que es necesario reformal el Código Penal.
Señaló que este código se aprobó en el año 1897, es decir, que se han cumplido 125 años, "en los cuales se realizaron reformas que no están vinculadas al tema de la interrupción voluntaria del embarazo".
En ese sentido, manifestó que existen condiciones que deben reconsiderarse, debido a que privan a la mujer de su derecho a decidir libremente. "El código establece la prohibición del aborto por decisión de la mujer. De este modo, sanciona a la participante y a quien colabora con en ese acto".
Criticó la dureza de las penas establecidas para las personas involucradas en la práctica del aborto, pues a su parecer, se incluyen condiciones que constituyen una “burla” contra la mujer.
"Si la persona que colabora está relacionada con el ámbito de la salud o es profesional de esa área, la sanción es aún mayor. Y las sanciones incrementan si la mujer muere en el acto, pero el castigo solo disminuye en un caso que parece una burla para a mujer, y es cuando quien impulsa el aborto es la pareja, el hombre de la relación; y este lo hace para resguardar su honra, o la de su mujer, hija u otras integrantes de la familia".
Reformar el Código Penal
Al respecto, la representante de las organizaciones feministas Las Comadres Púrpuras y MadreSiYoDecido, Francesca Pérez, afirmó que Venezuela posee "uno de los marcos legislativos más restrictivos referentes al aborto".
Precisó que "los artículos referidos a esta materia han perdurado por más de 100 años, sin modificación alguna en el Código Penal venezolano. A pesar de pasar por una reforma parcial en 2005, el código penal no se ha adecuado, a los estándares internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos. Así como tampoco se adecua al desarrollo de los Derechos Humanos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".
Por tal razón, estima que los artículos que permanecen en el Código Penal, podrían considerarse, hoy en día, de contenido inconstitucional.
Sobre esto, Gil, quien es defensora de los derechos del niño, niña y adolescente, apuntó que la ley está "estrechamente apegada a temas moralidad y valores enraizados con ideas patriarcales", es decir, el poder del hombre sobre sobre la mujer.
"Venezuela ya tiene 125 años considerando el aborto como un delito. Esto a pesar de que, en 1994, durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo, se establecieron las pautas generales de los derechos sexuales y reproductivos, las cuales son derechos humanos. Entonces corresponde que las legislaciones nacionales se adapten a las normas internacionales".
De igual manera, la experta remarcó que las penas establecidas en la ley, tienen "una raíz religiosa", la cual obedece al resguardo de la vida como un mandato divino. "Esto rompe con el poder de la mujer para decidir sobre cuantos hijos quiere tener y cuando tenerlos".
Penalización del aborto
El artículo 433 del Código Penal (CP) solo permite el aborto en caso de que la vida de la gestante corra algún riesgo. Sin embargo, "para estos casos, no se cuenta con un protocolo de atención médico hospitalario debidamente establecido", señala Pérez.
Para determinar si las condiciones son aptas para la interrupción del embarazo, una junta médica debe reunirse y evaluar la salud de la parturienta. No obstante, Gil destacó que, debido a que las penas para el personal de salud son "fuertes", en muchas oportunidades "estos deciden no realizar el procedimiento".
"La carga penal para el personal de salud es más grande. Para una mujer que se practica un aborto, la pena va desde los seis mesas a los dos años de cárcel, pero para los médicos es de 12 a 30 meses. Y si muere la paciente, pueden pagar de tres a cinco años, según el artículo 432. Entonces para ellos es una decisión que puede ponerlos en riesgo, porque esta es una practica medica que no se sabe como va a terminar".
La suspensión de la licencia médica es otro de los castigos que establece el Código Penal contra los médicos involucrados en la practica del aborto.
Aborto en adolescentes
Angeyimar Gil mencionó que Venezuela se ubicó este 2022 en el primer lugar de las estadísticas de embarazos a temprana edad en el continente. Los datos señalan que "hay niñas que se embarazan desde antes de los 10 años de edad".
Sobre esto, Pérez asegura que en los casos que involucran a niñas y adolescentes, "por lo general son víctimas de abuso y violencia sexual, por lo que el Estado venezolano debería garantizar un protocolo de actuación y atención para servicios de aborto para proteger a las víctimas".
Ambas se refirieron al caso de Vanessa Rosales, la activista que resultó aprehendida luego de que ayudara a una adolescente, victima de violación, a abortar. "Este suceso evidencio lo que el Estado no protege a las niñas de violencia sexual y es inflexible con las acompañantes del aborto".
Gil recordó que según la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), la adolescencia comienza a partir de los 12 años de edad, pero los adolescentes tendrán responsabilidad penal desde los 14 años.
En el caso de una interrupción del embarazo aplicada a una adolescente con menos de 14 años, la sanción recae en la persona que posibilita el aborto, bien sea el personal médico o terceros. Así sucedió con Vanessa Rosales.
Derecho a planificar sus vidas
Al no tener acceso a la interrupción del embarazo y "condiciones para lograr una maternidad decidida, esto supone una imposición de la sociedad y el Estado sobre las mujeres", condenó Gil.
Argumentó que en Venezuela "no hay políticas publicas para la educación de una sexualidad integral, ni acceso a métodos anticonceptivos. Esto priva a los adolescentes de la libertad de decidir que métodos utilizar. Tampoco hay educación sobre el conocimiento de los anticonceptivos" dijo.
Alertó que, las mujeres, en todos los países donde está penalizado, ponen en riesgo sus vidas al utilizar métodos rudimentarios para practicarse un aborto. "Muchas incluso han acabado con la vida de un bebé no deseado, por no sentirse preparadas o por su condición social y económica", puntualizó.
Por su parte, la representante de MadreSiYoDecido, Francesca Pérez, aseveró que "la ilegalidad y criminalización del aborto vulnera derechos de las mujeres, adolescentes y niñas. Las expone a prácticas insalubres y clandestinas que traen consecuencias irreversibles sobre su salud sexual reproductiva. Además, ocasiona las muertes innecesarias y evitables de quienes se sometan a estos procesos".
La activista manifestó que "el Estado ha hecho caso omiso a las observaciones que, en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, se han realizado en los informes de verificación en el cumplimiento de las distintas convenciones internacionales".
Resaltó la ausencia de programas para la prevención de mortalidad materna. A su juicio, la situación se agrava ante la crisis sanitaria en el país. "Está potenciada por la desinformación sobre las muertes provocadas por la interrupción de embarazos en precarias condiciones. Aunado a ello, el costo de los métodos anticonceptivos y la ausencia de programas sociales para su distribución en instituciones sanitarias" atacó.
Un tema de salud pública
Las defensoras de los derechos de la mujer concordaron en que el aborto debe ser legal, y debe asumirse por el Estado dentro de la salud pública.
En palabras de la trabajadora social Angeyimar Gil, la interrupción del embarazo despenalizada y realizada en hospitales acabaría con el "mercado negro" que se explota alrededor de ese servicio. "Pondría fin al cobro de pastillas sumamente costosas. Además del alto costo que imponen para el procedimiento", sostuvo.
Aclaró que "La despenalización no supone que todo el mundo saldrá corriendo a practicarse un aborto. Lo que logrará es que las mujeres logren planificar sus vidas".
Por su parte, la vocera de Las Comadres Púrpuras, Francesca Pérez, explicó que "ninguna mujer se embaraza para luego abortar. El aborto es el último recurso, ya que las mujeres pueden quedar embarazadas sin quererlo, a pesar del uso de los métodos anticonceptivos".
Ambas concluyeron que el aborto no es solo un tema de salud, sino un bien social que busca preservar la vida y dignidad de las mujeres.
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