Los sobrevivientes del doblete sísmico en la urbanización Playa Grande del estado La Guaira, dicen encontrarse en una incertidumbre jurídica, ya que no tienen certeza o mucha información sobre lo que pueda pasar con los edificios que quedaron en píe, los que están completamente inhabitables o simplemente, en los terrenos donde ya no queda nada.
Así lo dio a entender Francys Martínez, abogada y afectada de la urbanización Playa Grande, quien logró aglutinar a unas 6005 familias sobrevivientes, las cuales esperan respuestas certeras.
Martinez fue enfática al decir que bajo ninguna circunstancia buscan conflicto; ellos simplemente quieren respuestas e información para saber cómo pueden accionar ante las diferentes realidades de vivienda y otras situaciones que sobrevinieron por los terremotos del 24 de junio.
Explicó que temas como las demoliciones, saber sobre el destino de los terrenos, los posibles créditos para reconstruir viviendas o adquirir unas nuevas, así como los ofrecimientos de viviendas dignas y lo que puedan hacer con las edificaciones que siguen en píe, son temas que no dominan porque simplemente no han tenido explicaciones a fondo ni entrevistas con representantes de los organismos competentes.
“No queremos entorpecer, simplemente queremos respuestas claras”, dijo Martínez,.
Explica que además, necesitan saber sobre si llevarán a cabo planes especiales de regularización de documentos, comprender sobre quiénes serán los beneficiados en créditos o subsidios y bajo qué términos, así como conocer la realidad jurídica ante la propiedad de los terrenos.
La jurista informó que este viernes fue citada a una reunión en el ministerio de Obras, donde presume puede que se origine información que posiblemente sea de interés para los afectados de Playa Grande.
Juntas de condominio
Francys Martínez hizo un llamado a las autoridades nacionales, solicitando un pronunciamiento que regula la participación de las juntas de condominio, ya que las mismas, según la juristas, realizan cobros actuales innecesarios.
Martínez comentó que los juntas de condominio en el sector supuestamente le están pidiendo cifras exorbitantes a los propietarios, sobre todo a los que presentan cierta morosidad, pero dichos cobros, a su criterio, no se ajustan a la realidad por la que actualmente pasan estas familias.
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