Especialistas en derecho tributario dicen que existe gran opacidad en torno a los recursos recaudados por la Ley de Pensiones, puesto que no se sabe su destino. Añaden que la ley es un lastre para el empresariado y no permite aumentar salarios.
La Ley de Protección de las Pensiones fue severamente criticada en su momento porque ya en Venezuela existe un régimen que regula el sistema de Seguridad Social.
El especialista en ciencias fiscales, Héctor Orochena, indicó que a la sociedad en general se le vendió la Ley de Protección a las Pensiones como una herramienta que iba a mejorar significativamente al personal jubilado, “cosa que no ocurrió, el personal jubilado venezolano sigue cobrando Bs 130 mensuales”.
Destacó que “hay una enorme opacidad en el destino que se le da a esta inmensa cantidad de recursos que está cobrando el Estado venezolano. Estamos en presencia de un impuesto que no está cumpliendo el objeto para el cual que fue creado”.
Indicó que ese es el principal inconveniente que tiene el empresario venezolano porque siente que hace una contribución, y del otro lado “ese dinero no se sabe a dónde va a parar”.
Expresó que, en condiciones normales, en una economía más estable no deberían coexistir dos regímenes prestacionales o que cubran la seguridad social.
Si hay un sistema de seguridad social establecido a través del Seguro Social, no hay ninguna razón para que exista otro paralelo administrado o recaudado por un ente que no tiene nada que ver con el régimen de la seguridad social, el Seniat; ese papel es del Seguro Social, explicó Orochena.
La Ley de Pensiones debe ser derogada
“En mi opinión, la Ley de Protección a las Pensiones debería ser derogada. Se debería sincerar básicamente la Ley de Seguridad Social porque los porcentajes establecidos en esta ley son muy bajos y no permiten una remuneración adecuada para los trabajadores”, dijo.
Lo sustantivo de todo este asunto está en “la opacidad, en el uso de los recursos generados por esta recaudación. No haya rendición de cuentas. No sabemos exactamente a dónde van a parar estos recursos”, afirmó.
Precisó que hoy por hoy, la Ley de Protección a las Pensiones significa una importante traba para los empresarios a la hora de decidir los aumentos salariales.
Ley de Pensiones no permite subir salarios
“Si un empresario va a dar un aumento del 10 % y tiene que dará 9 % por otro lado, seguramente no lo da u otorga un porcentaje mínimo porque sabe que eso lleva asociado un costo fiscal adicional”, dijo.
Comentó que, en un escenario de crecimiento de la producción y renta petrolera, debe haber una revisión del sistema tributario con la intención de reducir la carga fiscal de las empresas porque el Estado está recibiendo dinero por la recaudación petrolera. Por lo tanto, “es natural que se haga una revisión integral del sistema tributario, que es un lastre para el sector privado, incluido el impuesto de las pensiones”.
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