El empresario y exfuncionario Alex Saab se declaró culpable este martes 15 de septiembre ante una corte federal de Miami, luego de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos.
El proceso está relacionado con una investigación por un esquema de corrupción y lavado de dinero que, según las autoridades estadounidenses, involucró contratos vinculados con el Gobierno venezolano.
Los cargos que aceptó
Saab admitió responsabilidad por un delito de conspiración para lavado de dinero, relacionado con operaciones financieras que, de acuerdo con la acusación, permitieron movilizar ganancias obtenidas de manera ilícita.
La investigación estadounidense sostiene que el esquema involucró contratos gubernamentales y el uso de distintas estructuras empresariales para transferir los fondos.
Como parte del acuerdo judicial, el empresario también aceptó entregar 195 millones de dólares, cantidad que las autoridades estadounidenses consideran ganancias ilícitas derivadas de las operaciones investigadas.
Cooperación con la investigación
Otro de los puntos incluidos en el acuerdo contempla la cooperación de Saab con las autoridades federales estadounidenses. Los fiscales podrán tomar en cuenta la información que proporcione durante las investigaciones que permanecen abiertas, entre ellas las relacionadas con cuatro presuntos coacusados que todavía no han sido identificados públicamente.
La colaboración podría tener consecuencias sobre la futura sentencia. La Fiscalía acordó recomendar una pena ubicada en la parte baja del rango establecido y podría solicitar reducciones adicionales si considera que la cooperación de Saab resulta útil para avanzar en otros procesos.
El delito admitido por Saab contempla una pena máxima de 20 años de prisión. Sin embargo, esa no necesariamente será la condena que reciba, debido a los términos establecidos en el acuerdo de culpabilidad y a la cooperación que pueda prestar a las autoridades.
La sentencia definitiva deberá ser determinada por el tribunal federal de Miami, que evaluará el acuerdo y las recomendaciones de la Fiscalía antes de establecer la pena correspondiente.
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