El activista de derechos humanos, Alí Daniels, hace un pedido para que los casos de abusos sexuales, que recientemente se han hecho eco a través de las redes sociales, “no se politicen y pide” que los organismos de justicia de Venezuela sean los más objetivos en este tipo de situaciones.
Daniels, quien es director de la ONG Acceso a la Justicia, conversó con el director del Diario 2001, Juan Ernesto Páez-Pumar en La Conversa 2.0, y expuso varias aristas sobre las denuncias que llevan algunas mujeres venezolanas bajo la campaña #MeToo (yo también). “Las denuncias tienen tiempo ya en las redes sociales, no fue hasta que apareció el caso de Willie McKey (escritor venezolano) que la fiscalía se pronunció. Esto dice mucho de cómo funciona la justicia en Venezuela”.
“Este tipo de problemas no debe politizarse. Las personas que han sido señaladas en estos últimos días son connotados opositores, pero se conoce de otros casos como la del expresidente del Banco Central de Venezuela (Nelson Merentes) y la de un exmagistrado que pasaron por debajo de la mesa”, aseguró el invitado de Páez-Pumar.
Justicia contra abusos sexuales
El abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello sostiene que, a su juicio, la justicia en el país aplica “golpe y efecto para decir que aquí se está haciendo algo. Cuando ves la cantidad de denuncias en las plataformas digitales y las averiguaciones abiertas por parte del Estado, te das cuenta que no es el deber ser y que son muy pocas”.
Agrega, que muchas de las personas que han utilizado Twitter, Facebook o Instagram para contar sus anécdotas negativas recurren a estos medios porque a veces la justicia ordinaria no hace nada. “Es muy loable que estas mujeres estén hablando a través de las redes sociales. No consiguen justicia en las leyes venezolanas, pero aun así confiesan los daños que han recibido”.
“Muchas de las víctimas dicen ‘aunque no haya justicia en Venezuela voy a decirlo’ y eso está bien porque es una acción renovadora y sanadora en las personas que son abusadas sexualmente”, afirmó el experto.
Agrega que en el país hay mucha impunidad y “aún más en caso de abusos sexuales (…) La falta de preparación de los funcionarios en caso de abusos sexuales es una cosa insólita”.
Sostiene que casi siempre las mujeres que van a poner ese tipo de denuncias en algún órgano judicial no son atendidas correctamente. “Son muy valiente la que lo hacen”.
Cero criminalización
Con respecto a la providencia que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende imponer a las Organización No Gubernamentales que hace vida en el país, el jurista destacó que es inadmisible, pues vulneraría la seguridad de los denunciantes y está normativa busca que se dé detalles de los donantes e instituciones que aportan dinero a las ONG’s así como los datos de las personas que formulan denuncias ante organismos internacionales.
“El espectro de afectado es mayor de lo que se cree, pues hay organizaciones que dan apoyo psicológico y jurídico a mujeres víctima de la violencia y la identidad de estas personas las pone en evidencia, igual que a niñas, niños y adolescentes que también han sufrido algún tipo de violencia”, aseguró Daniels.
También señaló que este tipo de medidas que el Estado trata de imponer vulneraría los derechos de enfermos como los del VIH. “De acuerdo con la ley los historiales médicos son confidenciales. En ese sentido la providencia no solo afecta a quienes denuncian crímenes atroces, sino a los del ámbito de la salud”.
Reglas internacionales
Según Daniels, el argumento que tiene el Gobierno es que están luchando contra la legitimización de capitales. Sin embargo detalla que Venezuela forma parte de un organismo que se llama Gafic. “Venezuela forma parte de unos estándares internacionales y son vinculantes para el país. La lucha contra la legitimización tienen unos parámetros que debe respetar” por el convenio suscrito con esta organización.
Explica que Gafic detalla que “ninguna medida por parte de un gobierno debe desalentar o interrumpir la labor de las organizaciones sin fines de lucro”. En ese sentido recordó que la Administración de Maduro, al querer dar efecto a esa providencia, obliga a las onegés a publicar sus beneficiarios y eso se contrapone con las recomendaciones del organismo internacional a la que está suscrito el Estado.
¿Qué es el Gafic?
Es un organismo internacional cuya misión es ayudar a que los países combatan el lavado de dinero y el terrorismo. … La finalidad del GAFI es fijar estándares y promover la implementación de medidas legales para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
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