Redacción 2001
El estado Amazonas ha cumplido seis meses sin representación en la nueva Asamblea Nacional (AN), instalada el pasado 5 de enero.
Esta situación surgió luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendiera la proclamación de los cuatro diputados electos (uninominales, lista e indígena) tres de la Mesa de la Unidad Democrática y uno del Partido Socialista Unido de Venezuela.
La medida con amparo cautelar se dictó por el TSJ tras la denuncia de la ex- ministra de Pueblos Indígenas y la diputada suplente oficialista, Nicia Maldonado, quien rechazó los resultados de los comicios de dicha entidad por una “presunta compra de votos”.
Desde entonces, los representantes indígenas han exigido en reiteradas oportunidades ante el máximo órgano judicial y resto de las organizaciones competentes, la incorporación de sus cargos en el Parlamento.
Aseguran que es necesario porque el estado Amazonas vive en circunstancias críticas, afectado por las fallas eléctricas, la escasez de agua, entre otros.
Silencio selectivo
Discontinuamente se ha reclamado el silencio del Poder Judicial sobre la situación de los diputados de Amazonas.
La base opositora, en las distintas redes sociales ha reclamado a la dirigencia de la MUD un pronunciamiento y acciones de protesta más contundentes, pues, según manifiestan, la acción del máximo juzgado, irrespeta la voluntad popular.
El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, se ha pronunciado para exigir tanto al Gobierno como a los magistrados del TSJ la medida “atípica, arbitraria e ilegal” que apartó a una parte del territorio venezolano que constituye el 20%.
Expuso recientemente que “el apartheid político se ha impuesto en Venezuela desde comienzos de este año, como consecuencia de la violación a la Constitución por parte del TSJ, cuya Sala Electoral desconoce el derecho de participación de los pueblos indígenas”.
Guarulla recordó el mes pasado que “ni el CNE ha entregado el informe, ni la Sala Electoral ha quitado la medida cautelar, porque ni siquiera ha llegado a juicio”.