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Amnistía Internacional lanza acción mundial por la seguridad de un hombre trans y su hija

Jueves, 09 de febrero de 2017 a las 08:00 pm
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Nota de prensa

El abogado transgénero Samantha Seijas fue amenazado por un funcionario policial del Estado de Aragua, centro Venezuela, cuando realizaba una denuncia en una comisaría acompañado por su hija. Existen temores por su seguridad.

El 31 de enero, después de presentar una denuncia en una comisaría, el abogado transgénero Samantha Seijas y su hija Aleska Seijas fueron golpeados en la cabeza y en el rostro por parte de funcionarios policiales adscritos a la Policía de Aragua quienes proferían frases despectivas como “¿no te la tiras de macho?”, aduciendo a su identidad de género. De acuerdo a lo relatado a Amnistía Internacional, además de golpearlos un funcionario habría amenazado a Samantha diciéndole: “pídele a Dios que no te encuentre de noche sola por la calle”. Cabe destacar que Samantha Seijas y su hija viven frente a la comisaría.

Al día siguiente de los sucesos, Samantha Seijas se dirigió al Ministerio Público para denunciar estos hechos. Se teme que la cercanía de la comisaría y por ende de los funcionarios de la Policía de Aragua facilite la concreción de las amenazas.

No se tiene información de que se haya iniciado una investigación a raíz de la denuncia.

Existen antecedentes que vinculan a la Policía de Aragua con uso el excesivo de la fuerza. En el año 2016 hubo denuncias sobre uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, como el caso de Laura Lara, víctima de una brutal paliza registrada en vídeo, propinada por varios funcionarios hombres de la Policía del estado Aragua, en la región central de Venezuela. Además, se han registrado hostigamientos a personas Lgtib en el pasado, por parte de este cuerpo policial.

Entre otras denuncias, se ha conocido de funcionarios de la Policía de Aragua implicados en el hostigamiento, amenazas y asesinato de integrantes de la familia Barrios desde el año 1998, tal como fue constatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 2011, sin que hasta el momento se hayan investigado los hechos y determinado las responsabilidades correspondientes.

2017-02-10