El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, insistió en la necesidad de establecer normativas de protección a los consumidores, tales como los estándares que se manejan en el mundo.
El principal actor en la defensa de los derechos del consumidor debería ser el Estado. Cada Estado debería tener mecanismos y normas para defender al consumidor, es como el mandato fundamental de cualquier gobierno.
“En Venezuela hemos demostrado que cuando el consumidor se organiza puede lograr cosas muy difíciles”, dijo Parilli por Unión Radio.
Por Intereses Colectivos y Difusos fue una gran incorporación que tuvo la Constitución; porque “antes de la Constitución vigente nosotros no podíamos intentar acciones colectivas, las acciones eran individuales”, precisó.
A partir de la Constitución se creó la posibilidad del acceso a la justicia mediante Intereses Colectivos y Difusos, y el estreno fue los créditos indexados; se demostró que era anatosista, es decir, cobraba intereses sobre intereses y no se adaptaba a Venezuela con una inflación creciente.
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En Venezuela cambiaron las leyes, la última ley que estaba acorde con los estándares internacionales fue aquella que se conocía como al Ley Para la Defensa de las personas en el Acceso a los bienes y servicios.
El Indepabis defendía los derechos
“Su ejecución y supervisión estaba a cargo de un organismo que era el Indepabis. Con todo y sus defectos tenía un mecanismo a través del cual el consumidor podía reclamar desde lo más mínimo hasta lo más grande”, sostuvo.
Comentó que desde cosas pequeñas a cosas grandes, los consumidores podía iniciar un procedimiento en ese organismo, ese organismo tenía facultades, sentaba a las dos partes, había una conciliación, una sustanciación y una decisión. Eso le daba fortaleza al consumidor.
Esta ley fue sustituida por la ley de Precios Justos.
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La ley de Precios Justos no favorece a los consumidores
“La Ley de Precios Justos va más hacia la supervisión de la cadena de producción y comercialización; más que a la defensa del consumidor”, explicó.
Esto desnaturaliza mucho la defensa del consumidor y lo deja indefenso, porque a dónde acuden ahora, a la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
Esos organismos no defienden al consumidor, sino la supervisión y regularización del sector productivo, expresó.
Afirmó que los esfuerzos de quienes defienden los derechos de los consumidores y de la sociedad civil, tienen que dirigirse hacia la solicitud de una nueva normativa estandarizada con las leyes de protección al consumidor de los demás países de la región como lo tenía Venezuela.
“y volver a esos mecanismos que fueron mucho más satisfactorios, le daban el derecho a la defensa al empresario, pero también permitían al consumidor debatir en un escenario donde lo prioritario era la defensa de sus derechos”, aseveró.
Parilli reiteró que este tema será abordado por la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores en 2024.
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