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Tener informantes de la policía con pasados opacos no es nada inusual en los juicios por narcotráfico, pero aun así el padre e hijo que ayudaron al gobierno estadounidense en el caso de los sobrinos de la primera dama venezolana son algo fuera de lo común.
Durante varios años, el gobierno le pagó alrededor de un millón de dólares a José Santos-Peña, de 55 años y cientos de miles de dólares adicionales a su hijo José Santos-Hernández, de 34, para que les entregaran datos sobre narcotraficantes.
Padre e hijo viajaron a muchos países, incluso algunos hostiles a la DEA, para grabar clandestinamente las declaraciones de personas supuestamente involucradas en el comercio de drogas. Entre esos países estaba Venezuela, donde Santos-Peña grabó mientras los sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro, manejaban un paquete de cocaína.
Fue en abril cuando las autoridades se enteraron de que —mientras trabajaban para la DEA— Santos-Peña y Santos-Hernández estaban también traficando con drogas.
Meses atrás, justo cuando el caso de los sobrinos de Flores estaba a punto de ir a tribunales en Nueva York, Santos-Peña y Santos-Hernández se declararon culpables, admitiendo que traficaron con drogas durante al menos cuatro años, incluso cuando cooperaban con la DEA en el caso venezolano.
Aun así, las autoridades perseveraron en el juicio contra los venezolanos Francisco Flores, de 31 años, y su primo Efraín Campo, de 30, acusados de asociación ilícita para enviar más de 770 kilos (1.700 libras) de cocaína a territorio estadounidense. Fueron arrestados en Haití el año pasado y trasladados a Estados Unidos para su juicio.
El gobierno, sin embargo, no sabía que había más sorpresas en relación con su testigo principal, Santos-Peña. El hijo no declaró en el juicio.
Durante una audiencia en septiembre, Santos-Peña confesó durante un receso que contrató prostitutas dos veces cuando estaba en Caracas el año pasado. También permitió que un amigo de su hijo estuvo presente cuando se reunió con algunos de los sospechosos venezolanos y admitió que consumió cocaína regularmente cuando trabajaba para la DEA.
Mientras el juicio contra Campo y Flores se acercaba a su fin este mes, el abogado de la defensa Randall Jackson reveló que tenía grabaciones hechas en la cárcel en las que se demuestra que Santos-Peña siguió participando en negocios de drogas en semanas recientes.
Cuando el jurado escuchó las grabaciones, uno de los fiscales le advirtió a Santos-Peña que sus mentiras insistentes —como la de que no se comunicó con su hijo cuando estuvo en la cárcel— implicarían que el gobierno iba a anular el acuerdo de cooperación según el cual conseguiría una pena reducida. Despojado del acuerdo, enfrentaría la posibilidad de pasar entre 10 años de cárcel y cadena perpetua. Santos-Peña pareció sorprendido por la novedad.
Los fiscales superaron la humillación de tener un testigo con una reputación tan manchada, al lograr que el jurado declarara culpable a los sobrinos de Cilia Flores el viernes.
Santos Peña "es un tipo repugnante", dijo uno de los jurados, Robert Lewis, un arquitecto de 69 años de edad. Aclaró que otros elementos, como las transcripciones de las conversaciones y los mensajes de texto enviados por los sobrinos, bastaron para declararlos culpables.