En economía, los aranceles tienen sentido cuando buscan proteger una industria nacional capaz de producir y competir. Pero en Venezuela esa premisa simplemente no existe. Con un sector automotor que depende mayoritariamente de las importaciones y con una capacidad de ensamblaje todavía muy limitada, elevar los gravámenes sobre vehículos y motocicletas deja de ser una política industrial para convertirse en un impuesto a la movilidad.
La reciente decisión de elevar hasta 35% el arancel de las motocicletas resulta especialmente preocupante. Lejos de proteger empleos o estimular la producción local, encarece el principal medio de transporte utilizado por miles de trabajadores, repartidores, comerciantes y pequeños emprendedores. Las motocicletas han dejado de ser un bien de consumo para convertirse en una herramienta esencial de productividad y generación de ingresos.
Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Durante 2024 se comercializaron en Venezuela 17 mil 558 vehículos nuevos, un mercado todavía muy distante de sus niveles históricos y claramente insuficiente para renovar uno de los parques automotores más envejecidos de América Latina.
Al mismo tiempo, el sector motociclista registró ventas cercanas a 800 mil unidades, consolidándose como el verdadero soporte de la movilidad popular.
La comparación regional revela, además, una evidente distorsión. Chile mantiene un arancel general de 6% para las importaciones y numerosos vehículos ingresan con tasas preferenciales gracias a acuerdos comerciales.
En Colombia, los vehículos provenientes de países con tratados de libre comercio pueden pagar entre 0% y 5% de arancel. Es decir, incluso economías que conservan capacidades industriales buscan facilitar la renovación de sus flotas.
Venezuela, en cambio, corre el riesgo de imponer barreras propias de mercados altamente proteccionistas sin contar con una industria nacional que proteger.
Sin embargo, la discusión no debe limitarse a criticar los aranceles. El Gobierno tiene alternativas más inteligentes para estimular la actividad económica y la recaudación. Una opción sería reducir temporalmente los gravámenes a vehículos de trabajo y motocicletas, favoreciendo la renovación del parque automotor y ampliando la base tributaria mediante un mayor volumen de ventas.
Otra medida consistiría en crear incentivos fiscales para el ensamblaje nacional y la fabricación de autopartes, en lugar de castigar indiscriminadamente la importación.
Asimismo, la expansión del financiamiento automotor permitiría dinamizar el mercado formal y aumentar la recaudación por otras vías, como el IVA y los registros vehiculares.
La experiencia internacional demuestra que los mercados crecen cuando se eliminan obstáculos y se promueve la competencia. Gravar con altos aranceles bienes que el país no produce no fortalece la economía nacional; encarece el transporte, reduce la productividad y limita las oportunidades de recuperación.
Venezuela necesita una política automotriz orientada a la renovación, la inversión y la movilidad. Proteger lo que no existe solo termina castigando a los consumidores y los trabajadores venezolanos.
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