La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dio luz verde a la instalación de una Jurisdicción Civil Especial, un mecanismo legal diseñado para agilizar los procesos judiciales de las familias afectadas por los temblores del pasado 24 de junio.
La resolución, adoptada por unanimidad en las distintas salas del máximo juzgado, responde a un trabajo conjunto con la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. Su meta central es ofrecer respuestas inmediatas en expedientes derivados de la contingencia natural.
La medida da curso a la propuesta elevada a finales de julio por la presidencia interina del país, centrada en proteger el patrimonio y la documentación de las víctimas de los sismos.
Con la entrada en funcionamiento de este esquema, se garantiza que quienes perdieron sus inmuebles conserven los derechos legales sobre los terrenos para la posterior reconstrucción de sus viviendas. Además, la instancia concentrará y resolverá con celeridad la reposición de documentos personales y las causas sucesorales surgidas tras la tragedia.
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