Voceros de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial acordaron la creación de una mesa técnica orientada a auditar los expedientes de personas recluidas que registran retardos en sus procesos penales, con el propósito de otorgar libertad y sustitutivas de prisión a sectores vulnerables.
El plan, impulsado bajo las directrices de la administración de Delcy Rodríguez, prevé iniciar este jueves las labores de verificación de folios e informes médicos de la población penal.
Sobre el despliegue de las comisiones, el primer vicepresidente del Legislativo, Pedro Infante, ratificó la incorporación directa de los parlamentarios en las inspecciones judiciales.
"Estaremos nosotros, en Caracas, los diputados y diputadas revisando los distintos casos para lograr las liberaciones correspondientes ajustadas a pleno derecho", sostuvo el parlamentario.
Beneficios legales y marco de aplicación
Por su parte, el diputado Jorge Arreaza explicó que la medida busca resolver el embotellamiento en la celebración de audiencias y disminuir la sobrepoblación en las celdas de retención preventiva.
Arreaza detalló que el abordaje contempla el análisis de redenciones de pena, sustitutivas cautelares y valoraciones de salud para reclusos con padecimientos crónicos. Asimismo, aclaró que la medida excluye de forma estricta a procesados o sentenciados por crímenes de alta gravedad, como el tráfico de drogas, asesinatos o delitos sexuales.
Finalmente, la representación parlamentaria desvinculó estas revisiones de los pronunciamientos emitidos por factores de la oposición en el marco de las negociaciones políticas, enfatizando que responde a una reestructuración ordinaria del sistema de justicia.
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