El opositor Julio Borges, vocero del partido Primero Justicia exige que, "Los señalamientos hechos por el diario The Washington Post. Sobre corrupción en el entorno del gobierno interino sean investigados a fondo". Y dijo que en los próximos días, la tolda amarilla presentaría “una propuesta de fondo”.
“Una vez más desde Primero Justicia exigimos que informaciones como estas sean investigadas a fondo. Tenemos el deber con los venezolanos de actuar con transparencia”, dijo en un comunicado de prensa.
“Este caso se suma a otros escándalos más donde anteriormente hemos expresado la urgente necesidad de que sean investigados. Que se conozca la verdad y mostrar resultados. Primero Justicia presentará en los próximos días una propuesta de fondo”, señaló.
Borges citó un tweet del medio paraguayo ABC Color. Donde destacan una entrevista del jefe de Gabinete de la Presidencia de ese país, Juan Ernresto Villamayor. Quien precisamente fue mencionado por el Post en su extenso reportaje.
De acuerdo con el medio estadounidense, el funcionario Javier Troconis, habría negociado con las autoridades paraguayas una deuda de más de 260 millones de dólares. Que la estatal petrolera de ese país, Petropar, mantiene con Pdvsa.
Dice el Post que el acuerdo suponía el pago de una comisión de 26 millones de dólares a un abogado argentino, llamado Sebastián Vidal. Quien dijo que estaba actuando en nombre de Pdvsa.
El hecho es que Villamayor señala que no hubo ningún pago. Explica que si bien es cierto que reconocen la deuda, Venezuela exige el pago de los intereses. De hecho, The Washington Post refleja que, Troconis informó al Parlamento que Paraguay había hecho una propuesta, algo que Villamayor negó.
El medio ABC Color reseña:
Troconis, según relata Villamayor, visitó Asunción y se reunió con el jefe de gabinete para proponer un acuerdo para el pago de la deuda de Petropar a Pdvsa, reconociendo que Paraguay fue injustamente llevado a juicio por el pago de intereses y, por consecuencia, liberando al país del pago de esos intereses y de la obligación de cubrir los gastos legales del proceso.
Si bien Villamayor señaló que la propuesta era “atractiva”, aún con esas concesiones el pago de cualquier fracción de la deuda es actualmente “de cumplimiento imposible” por el simple hecho de que el poder en Venezuela –y por asociación el control de Pdvsa– se encuentra en disputa entre el gobierno internacionalmente reconocido de Juan Guaidó y el de Nicolás Maduro, considerado ilegítimo por gran parte de la comunidad internacional pero que a efectos prácticos tiene el control del país.
“Aunque me hagan una quita del 90% (de la deuda) no puedo garantizar el pago”, señaló Villamayor. “Si le pago el 10% de la deuda (al gobierno de Guaidó) y mañana resulta que el que queda en control de PDVSA es Nicolás Maduro, entonces regalé ese 10%”.
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