José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio, pidió una reforma profunda del sistema tributario venezolano para reducir la presión fiscal sobre las empresas, estimular la inversión y favorecer la generación de empleo. El dirigente gremial advirtió que la acumulación de impuestos nacionales, regionales y municipales limita la capacidad operativa de los negocios y frena su crecimiento.
Rodríguez participó en LA CONVERSA 2001, junto a Erys Wilfredo Alvarado y Juan Ernesto Páez-Pumar, espacio durante el que hizo un diagnóstico de los problemas más recurrentes para su sector y la empresa privada en general.
Sobre la carga tributaria, el dirigente afirmó puede alcanzar entre 63% y 67% de la capacidad operativa de las empresas, aunque señaló que comienza en niveles de entre 57% y 58%. Según explicó, esta situación afecta a los establecimientos comerciales y de servicios, independientemente de las diferencias entre sus respectivos modelos de negocio.
“Se requiere ir a una reforma profunda al sistema tributario, construir, diseñar una nueva arquitectura tributaria que esté orientada al fomento de la riqueza, a la generación de empleo y que la tributación esté asociada a la rentabilidad de la empresa”, afirmó el presidente de Consecomercio para la multiplataforma de 2001.
El representante empresarial explicó que los impuestos inciden sobre los recursos que quedan después de cubrir el costo de adquisición de los bienes. Sin embargo, ese ingreso operativo no constituye una ganancia neta, pues todavía debe cubrir remuneraciones, servicios, mantenimiento y otras obligaciones necesarias para sostener la actividad económica.
A su juicio, la acumulación de compromisos fiscales reduce el margen disponible para reinvertir, actualizar los negocios y ampliar las operaciones. Por ello, insistió en que cualquier reforma debe considerar la capacidad real de las empresas para generar ingresos y cumplir sus obligaciones.
Rodríguez también señaló que el problema tributario coincide con una baja proporción de contribuyentes formales. De acuerdo con las estimaciones que presentó, entre 37% y 45% de los actores económicos cumplen formalmente con el pago de tributos en Venezuela.
Para Consecomercio, una nueva arquitectura fiscal debe atender esa realidad y crear condiciones que favorezcan la formalización de las actividades económicas. El dirigente no planteó únicamente una reducción de impuestos, sino una revisión estructural del sistema para vincular la recaudación con la rentabilidad empresarial.
“La carga es excesivamente alta”, resumió al explicar el efecto de las obligaciones que recaen sobre los negocios en los ámbitos nacional, regional y municipal.
El gremio considera que la reforma tributaria debe avanzar en paralelo con cambios en el régimen laboral, mejores condiciones de financiamiento y servicios públicos eficientes. La electricidad y el acceso al crédito figuran entre las limitaciones que, según Rodríguez, condicionan el desempeño de las empresas.
LA REFORMA LABORAL TAMBIÉN ES VITAL
José Gregorio Rodríguez defendió, además, la necesidad de revisar las normas laborales y el sistema de prestaciones para alcanzar un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la capacidad productiva de las compañías.
“Nosotros necesitamos buscar un punto de equilibrio, un punto intermedio en el cual el trabajador pueda recibir una remuneración mucho más digna”, expresó.
El presidente de Consecomercio sostuvo que la mejora de los ingresos de los trabajadores también beneficiaría al comercio y los servicios, porque una mayor capacidad de compra impulsaría la demanda en supermercados, farmacias, panaderías, ferreterías, instituciones educativas y clínicas.
“A nosotros no nos puede contentar que la gente cada día su poder adquisitivo sea menor. Por el contrario, nosotros queremos una población fuerte”, afirmó.
En ese contexto, planteó revisar la Ley Orgánica del Trabajo y otras disposiciones relacionadas con las pensiones y las prestaciones. También propuso discutir mecanismos que permitan asociar parte de las remuneraciones a la productividad y revisar el alcance de la inamovilidad laboral.
El presidente de Consecomercio aclaró que esas alternativas forman parte de las fórmulas que el sector busca discutir. No obstante, afirmó que existe coincidencia entre trabajadores, empresarios y Estado sobre la necesidad de modificar un sistema que, a su juicio, no beneficia a ninguna de las partes.
Rodríguez también expresó una perspectiva favorable sobre las posibilidades de inversión en Venezuela. Consideró que una mayor actividad petrolera podría impulsar otros sectores, como el transporte, la construcción, la salud, la alimentación, los repuestos y el turismo.
Para aprovechar esas oportunidades, insistió en la necesidad de reformas tributarias y financieras profundas, además de seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y mejores condiciones para desarrollar actividades productivas.
LA NECESIDAD DE REVISAR LOS ARANCELES
El presidente de Consecomercio cuestionó los elevados aranceles que gravan productos que Venezuela no tiene capacidad de fabricar. A su juicio, la política arancelaria debe proteger la producción nacional sin encarecer innecesariamente los bienes importados.
Rodríguez se refirió especialmente al sector automotor, donde la aplicación de aranceles eleva los costos de los vehículos pese a la ausencia de ensambladoras nacionales en ese segmento, según expuso durante la entrevista.
“Tenemos que buscar protección sobre lo que tengamos capacidad de producir en el país, pero aquellos que no tenemos capacidad de producir, ¿por qué le vas a cargar aranceles tan altos?», preguntó.
El dirigente reconoció que los aranceles pueden cumplir una función de protección económica, pero advirtió que su aplicación debe responder a las condiciones productivas de cada sector. La protección comercial, sostuvo, no debe convertirse en una barrera que aumente los precios para los consumidores.
Rodríguez afirmó que los vehículos comercializados en Venezuela figuran entre los más costosos de Sudamérica y atribuyó parte de esa diferencia a los aranceles y a las distorsiones en las valoraciones aduaneras.
Sobre este último punto, reconoció que las autoridades aduaneras habían comenzado a aplicar correctivos. Sin embargo, señaló que todavía hace falta revisar la estructura de costos que afecta a las importaciones.
“Tienes que tener un arancel importante también, pero no puedes exagerar en ese sentido”, sostuvo.
El representante gremial indicó que la política comercial también debe considerar los cambios en la industria automotriz internacional. Según explicó, la capacidad tecnológica y robótica de China ha modificado las condiciones de producción de vehículos de marcas originarias de otros países.
Rodríguez planteó que Venezuela debe evaluar esas transformaciones y concentrar esfuerzos en actividades que puedan desarrollar capacidades productivas locales. En ese sentido, mencionó el potencial de los repuestos y las autopartes como segmentos que merecen mayor atención.
“¿Por qué no fortalecemos la parte de repuestos, autopartes también automotoras? Allí hay un segmento importante”, afirmó.
El dirigente consideró que la recuperación de las antiguas ensambladoras venezolanas enfrenta dificultades relacionadas con los costos y los avances tecnológicos. Por esa razón, sostuvo que la protección arancelaria debe adaptarse a la estructura productiva actual, en lugar de responder a una industria que, según su diagnóstico, no volverá bajo las mismas condiciones.
También cuestionó las distorsiones que pueden surgir cuando importar materias primas resulta más costoso que adquirir productos terminados. A su juicio, esa situación exige una revisión constante de las medidas que afectan el comercio exterior.
La propuesta de Consecomercio consiste en revisar los aranceles según la capacidad nacional de producción y las necesidades de cada actividad económica. Rodríguez defendió que esas decisiones deben contribuir al desarrollo del mercado sin trasladar cargas desproporcionadas al comprador final.
“Son temas en los cuales nosotros pedimos revisiones constantes para que la economía se empuje y sea usted quien decide qué comprar”, concluyó sobre este punto.
CONSECOMERCIO SE PRONUNCIA CONTRA EL “BOCHINCHE CAMBIARIO”
Consecomercio también reclamó medidas para corregir las distorsiones cambiarias que, según Rodríguez, complican las transacciones comerciales y generan incertidumbre entre los consumidores. El gremio advirtió que los precios deben corresponder a la moneda de referencia anunciada por el establecimiento, sin conversiones arbitrarias al momento del pago.
El dirigente describió una situación en la que los compradores desconocen cuánto deberán pagar hasta llegar a la caja. El problema surge cuando un comercio publica un precio en una moneda y luego utiliza otra tasa de cambio para calcular el monto definitivo.
Rodríguez explicó que los establecimientos pueden fijar precios en monedas publicadas por el Banco Central de Venezuela, pero deben respetar la referencia elegida. «Si usted fija en dólares, usted tiene que cobrar por la referencia en dólares. Si usted fijó en euros, usted va a cobrar en euros, pero no puedes hacer los cruces», señaló.
El presidente de Consecomercio advirtió que esas prácticas pueden constituir una alteración fraudulenta del precio, de acuerdo con la legislación que mencionó durante la entrevista. También sostuvo que generan condiciones de oferta engañosa para el consumidor.
“Lo que estamos reclamando del Estado también, que haya certeza, tenemos que darlo en el comercio”, afirmó.
Rodríguez insistió en que los comerciantes deben ofrecer información clara sobre los precios y evitar prácticas que deterioren la confianza del público. Sin embargo, señaló que el problema no depende exclusivamente de las decisiones de cada establecimiento, pues también intervienen los costos operativos, las obligaciones tributarias y las diferencias entre las tasas utilizadas para vender y reponer inventarios.
El dirigente explicó que un negocio puede vender sus productos a una tasa de cambio y necesitar otra para reponerlos. Ese diferencial cambiario reduce los márgenes y añade presión sobre los precios, especialmente cuando las empresas deben recuperar inventarios y mantener sus operaciones.
A esa situación sumó el efecto de la inflación sobre los ingresos de los hogares. Rodríguez calificó la pérdida de poder adquisitivo como una carga directa para la población y señaló que las distorsiones cambiarias contribuyen a complicar el funcionamiento de la economía.
Por ello, Consecomercio considera necesario avanzar hacia un esquema cambiario que reduzca las brechas y permita una formación de precios más transparente. Rodríguez defendió una transición progresiva hacia la unificación y liberalización del mercado cambiario, de manera que la oferta y la demanda contribuyan a corregir las distorsiones.
"El control de cambio es un mecanismo de distorsión de la economía y que crea artificialmente un valor sobre la moneda", afirmó al explicar la posición del gremio.
Como alternativa, propuso desmontar el control cambiario y avanzar hacia un sistema multimoneda que reconozca las prácticas comerciales presentes en distintas regiones del país. Mencionó el uso del peso colombiano en Táchira, la circulación de otras monedas en Zulia y las transacciones con reales en zonas fronterizas del estado Bolívar.
“¿Por qué no puede ser un sistema multimoneda que apalanque también el crecimiento y que el petróleo sirva para empujar otras áreas sin eliminar el bolívar?”, planteó.
Rodríguez explicó que esa propuesta busca reconocer una realidad que ya existe en las transacciones, sin eliminar la moneda nacional. A su juicio, la estabilidad de cualquier sistema monetario depende de la confianza, la productividad, la seguridad jurídica y el equilibrio macroeconómico.
El dirigente también mencionó la posibilidad de establecer un sistema bimonetario como alternativa inicial. Para ilustrar su planteamiento, se refirió a Perú y destacó la estabilidad macroeconómica que atribuyó a ese país, así como la autonomía de su banco central frente al Poder Ejecutivo.
Rodríguez sostuvo que la confianza en una moneda no puede imponerse mediante una decisión administrativa. “La confianza no se decreta, la confianza se construye sobre la base del aumento de la productividad de las transacciones, de la certeza jurídica, de la estabilidad macroeconómica de un país”, expresó.
El presidente de Consecomercio reiteró que las medidas tributarias, laborales y cambiarias deben formar parte de una política económica coordinada. Según su planteamiento, reducir las cargas sobre las empresas, revisar los aranceles y corregir las distorsiones en los precios permitiría mejorar las condiciones para invertir y producir.
Rodríguez defendió que el comercio y los servicios necesitan reglas claras para operar, mientras los consumidores requieren precios transparentes y una recuperación de su capacidad de compra. La reforma económica, sostuvo, debe combinar sostenibilidad empresarial, mejores remuneraciones y estabilidad monetaria para impulsar el crecimiento del país.
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