Aproximadamente 400 familias residentes de los desarrollos habitacionales OPPE (Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales) 30 y 34, ubicados en Caraballeda, estado La Guaira, solicitan a la Comisión de Habitabilidad y Vivienda modificar la clasificación técnica de sus edificios.
Esta actualización es un requisito indispensable para poder acceder a créditos otorgados por la banca pública, los cuales están destinados directamente a la adquisición de nuevas viviendas tras los sismos registrados.
Requisitos bancarios y estado de las infraestructuras
Los habitantes afectados aseguran que las infraestructuras quedaron en estado completamente inhabitableS como consecuencia del doblete sísmico. Explicaron que, aunque los edificios cuentan actualmente con etiquetas rojas, no aparecen registrados bajo la categoría de colapsados dentro del sistema oficial. Esta limitación administrativa les impide obtener el financiamiento habitacional.
Félix Pineda, uno de los vecinos afectados, detalló a Unión Radio que las etiquetas físicas colocadas en las instalaciones no contienen la información exacta requerida por las instituciones y que la clasificación actual no refleja las condiciones estructurales de los inmuebles.
"El banco requiere que la etiqueta diga colapsada para que nos puedan aprobar el crédito", señaló el habitante al referirse a los parámetros exigidos por las entidades financieras.
Irregularidades en el sistema de registro
Oriana Cardona, otra residente afectada de Caraballeda, denunció cambios recientes en la plataforma. La vocera expuso al medio anteriormente citado que, en un principio, las edificaciones sí aparecían registradas bajo el estatus de "edificación colapsada", pero que posteriormente el acceso a dicha información oficial fue bloqueado.
Cardona explicó además que, aunque los entes competentes prometieron sustituir las calificaciones de habitabilidad, las nuevas etiquetas mantienen la clasificación roja de acceso no permitido. Este formato específico sigue siendo rechazado por la banca pública al momento de tramitar los créditos de reubicación.
Los residentes de los edificios OPPE indicaron que enfrentan esta paralización de trámites desde hace tres meses. Ante esta situación, esperan que la comisión respectiva asigne personal para realizar una nueva inspección técnica en el lugar y actualizar la información de los inmuebles.
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