Durante este martes, organizaciones no gubernamentales reportaron un proceso de excarcelaciones que beneficia a un grupo de personas procesadas por motivos políticos en los centros de reclusión de Ramo Verde (Cenapromil) y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ambos ubicados en el estado Miranda.
La organización Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia emitió una serie de reportes a través de redes sociales aclarando que su equipo técnico se encuentra en plenas labores de verificación sobre la identidad y estatus jurídico de 51 militares presuntamente incluidos en estas medidas institucionales.
Según la ONG, estas personas se encontraban privadas de libertad "en detrimento de sus derechos a la defensa y al debido proceso".
Primeras identidades confirmadas
Entre las primeras excarcelaciones verificadas de forma fehaciente por los abogados defensores de la coalición, destaca la del primer teniente Reinaldo Enrique Finol, quien permanecía recluido en la cárcel de Ramo Verde desde el año 2020 bajo la causa penal conocida públicamente como la del "espía americano".
Asimismo, en el sector de las mujeres pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) recluidas en el penal de mujeres del INOF, se confirmó la liberación de:
-
La mayor Diana Desiree Victoria Justo.
-
La primer teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez (detenida previamente por el caso denominado "Brazalete Blanco").
-
La sargento Vicmarys Oropeza.
De acuerdo con el balance actualizado de la organización, tras la salida de estas tres funcionarias, aún permanecen tras las rejas un total de seis mujeres militares pertenecientes a los componentes de la FANB y otras 32 civiles bajo condiciones de reclusión similares.
Marco de las medidas y casos pendientes
Los voceros de la Coalición por los DDHH y la Democracia precisaron que este lote de libertades no obedece a un hecho aislado, sino que se ejecuta de manera legal en el marco de la Comisión de Abordaje, una instancia técnica instalada formalmente con el propósito de revisar los expedientes acumulados de los efectivos castrenses recluidos en Ramo Verde.
Pese a calificar la medida como un avance positivo para el reencuentro de las familias venezolanas tras lo que denominaron "un daño irreparable tras las rejas", la ONG recordó que las autoridades judiciales aún tienen una importante tarea por delante.
De acuerdo con los registros internos de la organización, todavía quedan más de 200 casos de militares detenidos por revisar, por lo que exigieron que las medidas de gracia y revisión se extiendan de forma equitativa a todos los centros penitenciarios del país.
También puede visitar nuestra sección Nacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube
