En vista de la compleja coyuntura que atraviesa el país debido al doble sismo del pasado 24 de junio, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) solicitó formalmente la implementación de un régimen temporal de beneficios fiscales. La propuesta se fundamenta en el Decreto de Estado de Emergencia promulgado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 7.039, emitida el mismo día del evento telúrico.
La misiva, suscrita por el presidente de Conindustria, Tito López, está dirigida a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez Gómez, así como al superintendente José David Cabello, máxima autoridad del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). En el documento se detallan los requerimientos fiscales orientados a apalancar la reactivación económica de las zonas más afectadas.
Propuestas fiscales ante el Estado de Emergencia
El Decreto N° 5.364, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia, sirve como base jurídica para los planteamientos de Conindustria. El gremio empresarial plantea un conjunto de medidas de reconstrucción y reactivación divididas en cinco solicitudes principales:
- Impuesto sobre la Renta (ISLR): Deducibilidad plena de las donaciones destinadas a atender la emergencia.
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Exoneración total a los aportes efectuados por el sector productivo en las comunidades afectadas.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA): Exoneración en ventas, prestación de servicios y desincorporación de inventarios destinados al auxilio humanitario.
- Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF): Exoneración del gravamen a todas las operaciones financieras vinculadas a la ayuda humanitaria.
- Aduanas: Exención de aranceles e IVA para la importación de bienes de socorro y asistencia médica.
Incentivos para la reconstrucción y el empleo
Más allá de las exoneraciones inmediatas, Conindustria propone una rebaja especial en el Impuesto Sobre La Renta de hasta 75% sobre los montos invertidos por el sector privado en planes de reconstrucción, medida que sugieren aplicar para los próximos cinco ejercicios fiscales.
Asimismo, con el objetivo de dinamizar el empleo local, el organismo propone una rebaja adicional de 50% en el ISLR sobre el incremento de nómina que resulte de la contratación formal de trabajadores residentes en las entidades declaradas en emergencia.
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