La discusión en torno a la realidad socioeconómica del país evidencia profundas distorsiones que afectan tanto el aparato productivo como el bienestar de la ciudadanía. Al evaluar el impacto de las cargas impositivas y los mecanismos de asistencia estatal, el diputado a la Asamblea Nacional por Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, advirtió sobre la urgencia de corregir esquemas que complican innecesariamente la vida cotidiana de los venezolanos.
En relación con el denominado Sistema Patria, el parlamentario aclaró de manera enfática que su postura no contempla la eliminación de los beneficios sociales destinados a los sectores vulnerables, jubilados o trabajadores públicos, sino la optimización de su entrega para evitar penurias operativas.
Durante su participación en LA CONVERSA 2001, junto a Juan Ernesto Páez-Pumar y Robert Lobo Acosta, el legislador cuestionó la intermediación digital de esta plataforma y señaló las dificultades que experimentan los pensionados y habitantes del interior del país debido a las fallas recurrentes de conectividad y la luz eléctrica.
A su juicio, resulta inoperante someter a los ciudadanos a dinámicas complejas para recibir subsidios cuando las asignaciones pueden canalizarse de manera directa a través del sistema bancario tradicional.
"¿Por qué tenemos que hacerle más engorrosa su vida cuando lo que va a cobrar son tres lochas?", expresó, al proponer que los recursos sean depositados de forma directa en cuentas de instituciones como el Banco de Venezuela o el Banco del Tesoro. Asimismo, sugirió someter esta medida a una consulta pública o referéndum para constatar el respaldo masivo de la población hacia una transferencia sin intermediarios.
Uzcátegui también abordó el tema macroeconómico y centró parte de sus críticas en la estructura tributaria vigente, calificándola de "leonina" y señalando que obstaculiza severamente la formalización de nuevos emprendimientos.
A su criterio, la voracidad fiscal estrangula la iniciativa privada e impide que los comercios dispongan de la rentabilidad necesaria para otorgar mejoras salariales significativas a sus plantillas de trabajadores.
“El Estado carece de la capacidad para sustituir la dinamización que aporta la inversión privada. Venezuela necesita la llegada de capitales y el estímulo a la empresa, que son los únicos caminos viables para generar empleos formales bien remunerados y dinamizar la economía nacional”, sentenció.
LA LEY CONTRA EL ODIO NUNCA DEBIÓ EXISTIR
En el ámbito institucional y de los derechos civiles, la postura del representante de Fuerza Vecinal respecto a la denominada Ley contra el Odio se mantiene inflexible.
“Esa ley jamás ha debido existir y lo único que procede en este caso es su anulación”, dijo Uzcátegui durante LA CONVERSA 2001. Según su perspectiva, este instrumento normativo ha generado un saldo de sufrimiento, persecución política y separación familiar en la sociedad venezolana, extremos que incluso habrían sido reconocidos públicamente por sectores oficiales al constatar los abusos cometidos en su aplicación.
Frente a las filtraciones de documentos que sugerían una modificación orientada a sustituir las penas privativas de libertad —que contemplaban hasta veinte años de cárcel— por un esquema de multas tasadas a criterio discrecional de las autoridades, el parlamentario rechazó cualquier intento de reforma cosmética.
"No se puede reformar el odio, el odio hay que eliminarlo de raíz", aseveró, convencido de que se impondrá la sindéresis y que la normativa terminará siendo suprimida en su totalidad.
Para ilustrar el anacronismo de este tipo de controles punitivos, el diputado comparó la lógica de dicha ley con el mantenimiento histórico de alcabalas y puntos de control en las carreteras del país, un esquema que calificó de desproporcionado frente al uso de tecnologías modernas de supervisión vial empleadas a nivel internacional.
“La superación de estos mecanismos de control férreo es indispensable para garantizar el restablecimiento pleno de la libertad de expresión y opinión dentro de límites de respeto y moderación ciudadana”, indicó el dirigente.
EL REGRESO DE MARÍA CORINA
Durante LA CONVERSA 2001 se abordó también las consecuencias derivadas de las inhabilitaciones administrativas, una medida que el parlamentario calificó como un método de persecución orientado a desplazar a aquellos actores competitivos que no pueden ser derrotados a través de los votos.
En tal sentido recordó su experiencia personal con un proceso iniciado en el año 2002 y prolongado durante más de una década bajo la aplicación del artículo 105 de la Ley de la Contraloría. Uzcátegui denunció la inconstitucionalidad de estas sanciones que privan a los ciudadanos de sus derechos políticos de forma discrecional.
"Es como que tú le digas a alguien que va a poder seguir tocando piano, pero te vamos a quitar un dedo de cada mano", ejemplificó.
En este contexto de búsqueda de acuerdos y reinstitucionalización democrática, el diputado se refirió a los contactos sostenidos con otros sectores de la oposición, representados por figuras como la parlamentaria Dinorah Figuera, ante quien insistió que el levantamiento de las inhabilitaciones no debe aplicarse de forma parcial o selectiva, sino extenderse a todos los dirigentes afectados para lograr un verdadero "reseteo" de la política nacional. A su juicio, es imperativo superar los vetos y garantizar la igualdad de condiciones competitivas para cualquier ciudadano que aspire a cargos de elección popular.
Asimismo, el regreso al país de la dirigente María Corina Machado y el retorno de los exiliados políticos fueron valorados positivamente por el legislador, quien reiteró que ningún venezolano debe sufrir destierro ni exclusión por motivos ideológicos. Sostuvo que la política no debe asumirse bajo una óptica existencial de "vida o muerte", sino como un ejercicio democrático de alternabilidad equiparable al de otras naciones de la región, donde los procesos electorales y el respeto a la voluntad ciudadana se desarrollan sin la tragedia de la persecución.
MEGAELECCIONES PARA VENEZUELA
Como salida estructural a la coyuntura del país, el parlamentario planteó la necesidad imperativa de convocar un proceso de megaelecciones generales que permita legitimar simultáneamente a todos los poderes públicos en una misma fecha.
Ante las discusiones sobre la priorización de comicios regionales o locales y las propuestas de primarias sectoriales promovidas por diversos liderazgos municipales, el representante de Fuerza Vecinal enfatizó que una elección general de carácter nacional evita los cálculos partidistas y el desgaste institucional derivado de convocatorias fraccionadas.
“La propuesta contempla la renovación en un solo día de los cargos correspondientes a la Presidencia de la República, gobernaciones, consejos legislativos, alcaldías y concejos municipales, garantizando la participación abierta de todas las corrientes políticas bajo un árbitro electoral dotado de credenciales técnicas intachables y credibilidad incuestionable”, anunció David Uzcátegui.
El legislador argumentó que la dispersión de fechas y las especulaciones sobre cuáles comicios deben celebrarse primero responden a cálculos personales que erosionan la confianza ciudadana y profundizan la incertidumbre.
Finalmente, el diputado cuestionó la permanencia indefinida en el poder a lo largo de la historia republicana al señalar que la reelección indefinida resulta "tóxica" para la democracia venezolana al incentivar el populismo y el uso discrecional de los recursos del Estado.
“Hay que incorporar limitaciones constitucionales de periodos fijos, similar a los modelos vigentes en otros países de América del Sur, como una garantía fundamental para consolidar instituciones robustas, fomentar la alternancia pacífica y asegurar que el cambio político en Venezuela sea definitivo, duradero y cimentado sobre el aprendizaje de las experiencias del pasado”, concluyó.
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