La Defensoría del Pueblo activó un despliegue nacional de supervisión y acompañamiento para proteger los derechos humanos de las comunidades afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.
La titular del organismo, Eglée González Lobato, ordenó a todas las delegaciones estatales y municipales levantar diagnósticos urgentes en las zonas más golpeadas por el evento sísmico, revela una NDP.
Hasta la fecha, los equipos defensoriales han inspeccionado cerca de 36 refugios temporales en el Área Metropolitana de Caracas y diversas regiones del país para coordinar la entrega de ayuda humanitaria y resguardar a los grupos vulnerables.
Inspección en zonas de riesgo y centros de salud
El operativo de contingencia prioriza la verificación de la infraestructura y el acceso a servicios básicos.
La Defensora del Pueblo lideró recorridos en áreas severamente impactadas como Los Palos Grandes, San Bernardino y el estado La Guaira.
También en el Hospital "Dr. Domingo Luciani", donde se constató la atención médica especializada directa en el Servicio de Pediatría para los menores lesionados.
En Caricuao ejecutó inspección del Centro de Servicio Social Residencial "Dr. Joaquín Quintero Quintero", garantizando el bienestar de 66 adultos mayores trasladados preventivamente desde Catia La Mar.
En centros de acopio, recorrió la sede principal en Plaza Morelos (Caracas), que funciona como base de coordinación humanitaria para la distribución de alimentos, insumos médicos y agua potable.
Además, hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a proteger de forma estricta el derecho constitucional a la vivienda.
La institución enfatizó la necesidad de priorizar el resguardo familiar por encima del cobro de alquileres, instando a prohibir cualquier intento de desalojo arbitrario contra inquilinos cuyas viviendas presenten fallas estructurales o condiciones de vulnerabilidad temporal.
El monitoreo se mantiene activo en los estados con mayores reportes de daños, incluyendo Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, en coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los órganos de protección de niños, niñas y adolescentes.
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