La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, sostuvo una reunión institucional en su despacho con representantes de la Alianza para la Libertad de los Presos Políticos, encuentro en el cual convinieron la instalación formal de una mesa técnica de trabajo orientada a profundizar la revisión sistemática y el seguimiento personalizado de cada uno de los casos expuestos por esta agrupación.
Durante la jornada de trabajo, el organismo escuchó las exposiciones e intervenciones de las voceras, al tiempo que enfatizó la importancia de fortalecer los canales internos de seguimiento y la coordinación directa con las distintas autoridades estatales del país, señaló el organismo en una nota de prensa.
“El interés superior de la Defensoría del Pueblo es la protección y defensa de los derechos humanos. Queremos mantener una relación cercana y respetuosa con ustedes. Contamos con un equipo sensibilizado que ha venido haciendo seguimiento a estos casos y debemos continuar fortaleciendo la articulación institucional para avanzar en respuestas concretas”, declaró Lobato.
La Defensora del Pueblo ratificó además que la institución sostiene una política de puertas abiertas para recibir y atender de manera permanente los planteamientos de familiares, agrupaciones sociales y demás sectores de la sociedad venezolana, en el marco estricto de sus atribuciones constitucionales y competencias vigentes.
Requerimientos de primera necesidad
Por su parte, las integrantes de la delegación defensora, entre quienes estuvieron Alejandra Vera, Yamileth Vidal y Mayra Morales, solicitaron la intervención defensorial en temas referidos al acceso a la atención médica oportuna, celeridad en los trámites procesales, adecuación de condiciones de reclusión y respeto a la dignidad humana.
Del mismo modo, las voceras plantearon revisar la situación legal de las personas que consideran privadas de libertad por razones políticas.
La Defensoría del Pueblo confirmó su disposición en estudiar detalladamente cada caso de forma individual y efectuar las gestiones requeridas ante los organismos correspondientes para garantizar el debido proceso y la protección efectiva de los derechos humanos.
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