El dirigente político Daniel García Arellano cuestionó la actuación del exdiputado Luis Loaiza, elegido originalmente por el estado Mérida bajo una plataforma opositora, y puso en discusión su trayectoria política a partir de los acontecimientos ocurridos en la Asamblea Nacional en enero de 2020.
García sostuvo que el caso debe permanecer en la memoria pública como uno de los episodios más cuestionados de la crisis parlamentaria venezolana. Según su planteo, la conducta de Loaiza representó una ruptura con el mandato otorgado por los electores merideños y nacionales.
La fractura de la unidad opositora
Los hechos del 5 de enero de 2020 marcaron un punto de quiebre en la Asamblea Nacional (AN). En ese contexto, se impulsó una directiva paralela con respaldo del oficialismo, mientras la oposición intentaba sostener la reelección de Juan Guaidó.
Dirigentes de la región andina, entre ellos el entonces diputado Williams Dávila, cuestionaron públicamente a Loaiza. Dávila llegó a afirmar que había “vendido su alma al diablo”, en referencia a un supuesto apartamiento del mandato conferido por los ciudadanos.
Después de esos acontecimientos, la organización política en la que militaba Loaiza anunció su expulsión y calificó su conducta como una traición a los valores democráticos y una forma de complicidad con el quiebre institucional del Parlamento.
Las denuncias sobre la “Operación alacrán”
El nombre de Luis Loaiza quedó relacionado con la trama política conocida como la “Operación alacrán”. Investigaciones periodísticas y reportajes señalaron la existencia de una red de presiones e incentivos destinada a fracturar la mayoría opositora, impedir la continuidad de Guaidó al frente de la Asamblea Nacional y favorecer los intereses del oficialismo.
De acuerdo con esas denuncias, el cambio de postura de Loaiza y su posterior participación en directivas respaldadas por el oficialismo no respondieron a una modificación ideológica, sino a negociaciones cuestionadas.
El rechazo en Mérida
La actuación del exdiputado generó rechazo en distintos sectores del estado Mérida, donde desarrolló parte de su carrera académica y política.
Gremios, asociaciones civiles y la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA), organización que Loaiza presidió en el pasado, difundieron pronunciamientos críticos sobre su conducta.
Esas expresiones calificaron su respaldo al oficialismo como una afrenta a los ciudadanos que habían votado por un cambio político y por la defensa de la institucionalidad democrática.
La posición de Daniel García
Al referirse al caso, García afirmó que la sociedad venezolana debe mantener presente la actuación de quienes, según su interpretación, utilizaron la confianza popular en beneficio propio. “La historia política del país y de Mérida exige claridad y verticalidad moral. Casos documentados como el de Luis Loaiza demuestran cómo la ambición personal y la capitulación ante esquemas de corrupción, como los de la ‘Operación Alacrán’, intentaron doblegar la voluntad de cambio de todo un pueblo. Hoy la opinión pública nacional sabe exactamente quién es quién, y el rechazo histórico a estas prácticas es irreversible”, enfatizó García.
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