Ante la convulsa y dinámica venezolana del presente, Erys Wilfredo Alvarado y Juan Ernesto Páez-Pumar disertaron durante La Conversa 2001 el diputado Juan Carlos Alvarado, jefe parlamentario del partido Copei y segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional.
En el espacio periodístico multiplataforma, el legislador abordó las principales preocupaciones del ciudadano de pie frente al costo de la vida, las acciones legislativas en materia productiva, el debate sobre el esquema cambiario, la revisión de normativas punitivas y el panorama político institucional del país.
De esta forma y frente al clamor ciudadano por la recuperación del poder adquisitivo y el fortalecimiento del salario real, el diputado Alvarado señaló que desde el Parlamento se ha venido trabajando no solo en la construcción de leyes orientadas a dinamizar el aparato productivo, sino también en la protección de los derechos socioeconómicos de los usuarios.
Destacó la aprobación de instrumentos fundamentales como la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley Orgánica de Minas, concebidas para motivar la reactivación de los sectores primarios de la economía, incluyendo el petróleo, el oro y las tierras raras.
Sin embargo, ante la realidad inflacionaria y el incremento diario de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) —que ha registrado aumentos constantes frente a un salario mínimo estancado en 130 bolívares—, el parlamentario advirtió sobre el peligro de vender falsas expectativas a la población.
Alvarado indicó que la infraestructura petrolera y económica heredada requería un reimpulso profundo, y que la llegada de capitales privados y transnacionales, así como los acuerdos sobre reservas petroleras, constituyen un proceso gradual que requiere transparencia informativa por parte del Ejecutivo Nacional sobre la administración y distribución de los recursos.
“Desde Copei se ha propuesto formalmente ante la mesa de diálogo nacional la creación de una mesa técnica exclusiva para abordar el área socioeconómica, integrando salarios, pensiones y prestaciones sociales sin generar un impacto inflacionario desmedido por aumentos salariales desarticulados de la realidad productiva (…) Ahora bien, hay promesas simplistas de dolarización total como un discurso de carácter politiquero que desconoce el marco constitucional. La Constitución establece que el bolívar es la única moneda de curso legal, por lo que cualquier modificación requeriría una reforma constitucional”, explicó el diputado.
No obstante, reconoció la existencia de una dolarización de facto en el comercio cotidiano. Citó el caso particular del estado Táchira, donde coexisten el bolívar, el peso colombiano, el dólar y el euro, evidenciando la necesidad de activar planes binacionales y casas de cambio formales en las fronteras de Táchira, Zulia, Apure y Amazonas para salvaguardar la soberanía monetaria.
“Hemos tenido un trabajo legislativo conjunto con el sector privado a través de proyectos como la Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos y una ley especial para el fomento de la actividad ganadera y agropecuaria. Esta última, desarrollada mediante una comisión mixta encabezada por los diputados Nicolás Maduro Guerra y Jesús Farías junto a gremios como Fedenaga, busca posicionar a Venezuela en el Top 5 mundial de productividad cárnica y lechera, incorporando seguridad jurídica, asistencia técnica y financiamiento especializado”, aseguró el dirigente.
LEY CONTRA EL ODIO: ¿DEROGAR O REFORMAR?
Sobre la temática política e institucional, La Conversa 2001 profundizó en la polémica generada en torno a la denominada Ley contra el Odio, cuya revisión ha sido exigida por diversas organizaciones no gubernamentales y sectores políticos ante denuncias de su uso punitivo.
Alvarado contextualizó el marco normativo recordando que Copei propuso formalmente desde el 2 de marzo de 2026 la revisión y reforma parcial de este instrumento, así como de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras y la Ley Orgánica Simón Bolívar.
El diputado señaló que el Estado venezolano se adhirió en 1969 —bajo el primer gobierno del presidente Rafael Caldera— al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comprometiéndose a legislar contra la incitación al odio y la discriminación racial, religiosa o política.
“La actual Ley contra el Odio fue aprobada en 2017 en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente en el periodo de mayor confrontación y violencia política vivida en el país y funcionó inicialmente como un muro de contención frente a expresiones extremas de violencia. Sin embardo, algunos funcionarios de los órganos de seguridad incurrieron en una mala aplicación de la normativa, utilizándola de manera discrecional para la persecución”, precisó el parlamentario.
El dirigente copeyano pidió ponerse del lado de las dos partes. Primero, reconoció que hubo reclamos legítimos en las calles reprimidos de forma exagerada, pero al mismo tiempo hubo inocentes víctimas de algunos hechos protagonizados por ciertos sectores que protestaban contra Nicolás Maduro.
Ante esto, el líder de Copei sostiene que la ley no debe ser abolida, sino profundamente reformada y despenalizada. Alvarado explica que se deben eliminar penas desproporcionadas, que alcanzaban hasta los 20 años de prisión, lo que supera, incluso, sanciones por delitos contra la vida.
“Debemos retirar de esta ley las sanciones a la prensa escrita, radio, televisión y plataformas digitales, cuyas normativas específicas ya contempla la Ley Resorte. También hay que remover texto legal todo lo referente a la penalización de organizaciones políticas, cuya regulación corresponde estrictamente a la Ley de Partidos Políticos”, apunta el legislador.
Alvarado enfatizó que combatir las expresiones de odio no debe interpretarse como una limitación a la libertad de expresión, sino como un mecanismo necesario para ordenar el debate democrático y garantizar que pensar de manera distinta no constituya una sentencia política.
COPEI Y EL EVENTUAL REGRESO DE MARÍA CORINA
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha intensificado sus anuncios en los últimos días en torno a su posible retorno a Venezuela. La dirigente denunció las interferencias de autoridades nacionales e impedimentos en algunos países para hacer el puente aéreo. Por ello, en La Conversa 2001 se le planteó este escenario al diputado Juan Carlos Alvarado.
El segundo vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas subrayó que el país atraviesa un proceso indispensable de reconstrucción de la confianza institucional, abarcando tanto al sistema de justicia como al sistema electoral. A juicio del parlamentario, la estabilidad democrática exige un equilibrio donde las instituciones operen con absoluta transparencia.
“Toda persona que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes vigentes tiene el derecho inalienable de aspirar a cargos de elección popular de manera libre. El reencuentro de los venezolanos pasa obligatoriamente por el reconocimiento mutuo, la superación de vetos ideológicos y el encauzamiento de todas las fuerzas políticas hacia un objetivo común: el desarrollo y la prosperidad de la nación”, indicó.
Aseguró que Copei ratifica su compromiso con la vía del diálogo institucional, el debate de ideas y la construcción de acuerdos legislativos que permitan consolidar la estabilidad económica y social de Venezuela.
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