Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 10 personas que, según el Departamento del Tesoro, estarían relacionadas con una estructura financiera vinculada a una banda criminal transnacional venezolana.
Washington sostiene que la red habría utilizado métodos informáticos para obtener dinero de cajeros automáticos en territorio estadounidense y posteriormente movilizar esos fondos hacia integrantes de la organización.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la estructura tendría conexiones con Venezuela y México.
El supuesto esquema habría empleado programas maliciosos para manipular cajeros automáticos y hacer que entregaran efectivo sin una operación bancaria autorizada. El dinero obtenido sería posteriormente sometido a mecanismos de lavado y transferido a miembros de la banda criminal.
Uno de los principales nombres incluidos en la investigación es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, conocido como “Prometeo”. El FBI lo considera uno de sus fugitivos más buscados y lo acusa de dirigir una conspiración internacional relacionada con robos a instituciones financieras estadounidenses en beneficio de la organización criminal venezolana.
Las autoridades estadounidenses también incluyeron entre los sancionados a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, a quien identifican como un dirigente de alto rango de la organización. Washington lo señala por presuntamente coordinar operaciones del grupo en distintos países de Suramérica.
¿Qué establecen las sanciones?
Las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro contemplan el bloqueo de los bienes e intereses en bienes de las personas sancionadas que estén bajo jurisdicción estadounidense. También quedan restringidas las transacciones que involucren a estos individuos por parte de ciudadanos o entidades estadounidenses, salvo las excepciones autorizadas por la normativa.
El Gobierno de EEUU sostiene que este tipo de operaciones habría provocado pérdidas millonarias a instituciones financieras. El Tesoro indicó que, hasta agosto de 2025, se habían registrado más de 1.500 ataques y pérdidas por unos 40,73 millones de dólares, según las cifras citadas en su investigación.
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