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La mayoría de los migrantes venezolanos trabajan sin un contrato formal: son vendedores ambulantes o están en la economía informal.Viven del día a día. El confinamiento total pone en riesgo el sustento económico de muchos. Unos comienzan a trabajar a escondidas, algunos esperan la compasión de sus arrendadores de domicilio y otros ya fueron despedidos.
Daniel García encendió su moto y la puso a andar durante dos horas. Después de cuatro días sin trabajar por el estado de excepción decretado en Ecuador por el COVID-19, necesitaba hacer algo de dinero. Consiguió limpiar, durante un día, una piscina de pescados por 15 dólares.
Su trabajo es cultivar malanga, conocido en Venezuela como ocumo, en la provincia de Orellana. Con las medidas tomadas por Lenín Moreno, presidente de Ecuador, el 16 de marzo, su jefe le dijo que no se expondrá a ser arrestado por movilizar a los trabajadores hacia el campo.
La policía permite a bordo del vehículo a una persona, tampoco hay transporte urbano. Son al menos cinco los puntos de control médico-policial a cruzar en la vía, donde les toman la temperatura y revisan la documentación.
Daniel no puede esperar a que levanten la cuarentena, no puede quedarse sin el pago semanal que acostumbra a recibir: una parte para sus gastos y la otra para enviar a Venezuela. Así lo hace desde 2014 cuando salió de su país, donde estudió Ingeniería de Sistemas.
“Tengo que arreglármelas. Serán más de 15 días sin trabajar y es difícil porque si no trabajo, no podré sustentarme ni enviar dinero a mi gente”, dice.
Para ganarse esos 15 dólares, se fue en su moto “por los caminos verdes, evadiendo los puntos de control policial para no ser detenido”, cuenta.
Con ese dinero compró algunos alimentos, echó gasolina y cree que pueda estar tranquilo durante tres días: “Y volveré al principio, sin trabajo. Aquí si no trabajas no cobras”.
En estos días también consiguió un contrato para fumigar seis hectáreas. Él calcula que le tomará siete días: “Toca trabajar bajo cuerdas para comprar algo de comida”. Aunque no paga alquiler, sí tiene que dar la cuota de los servicios básicos, abonar el pago de la moto y, a fin de mes, completar el dinero que envía a su familia.
La Organización Internacional del Trabajo (OIM) cree que el COVID-19 podría cobrarse casi 25 millones de empleos en el mundo. Entre esos millones, muchos podrían ser de migrantes venezolanos.
Son una población que vive de la remuneración diaria, de la entrega de comida, de la venta de helados y dulces. En su mayoría, con contratos de trabajo que solo quedan en palabras: 66 % está desempleado o en la economía informal, 20 % son vendedores ambulantes, señala una encuesta de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en el primer semestre de 2019.
Con información de Crónica Uno