Jesús Gambús | Anyela Torres
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La figura de poderes especiales del Ejecutivo para atender emergencias, estados de excepción, situaciones de zozobras, amenazas a la seguridad nacional, a la soberanía, y demás nubarrones, ha terminado siendo tan familiar, que confiados de los buenos oficios presidenciales y no emanados del Palacio de Miraflores, no leemos la letra pequeña.
Y a falta de esa lectura acuciosa, ya no del decreto 2.223 del pasado viernes 13 de mayo del año en curso, sino de la redacción del reverso de la mayoría de los contratos con las empresas aseguradoras, muchos de nuestros intereses “protegidos” quedan desprovistos de tal potestad.
Para no dejar cosas al azar, las empresas del ramo ofrecen diferentes productos como pólizas de todo riesgo industrial y comercial que incluyen estructuras físicas y/o bienes asegurados.
Por si no fuera suficiente, el asegurado puede optar a una cobertura opcional que incluye terremotos, temblores, motines, disturbios populares, disturbios laborales y daños maliciosos, para citar solo algunos.
No obstante, pese a la diversidad de productos, la clientela de las aseguradoras busca bajar los costos de operación, en parte por los aumentos en ese sector, y en complemento como medio de sobrevivir a la crisis.
Si bien esto conlleva a un riesgo mayor en caso de una situación de explosión social, como lo advierten sectores estudiosos de esos fenómenos, la protección se traslada a otras áreas no menos sensibles como: robo, hurto, y daños en máquinas y equipos.
Más complicaciones. Roberto Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), considera que el Estado de Excepción agrega mayores dificultades al tema de los seguros, porque si hay algo que no promueve el Estado de Excepción es la garantía de la propiedad privada, de modo que ninguna empresa de seguros podría proteger bienes cuando el Gobierno tiene facultades sobre ellos.
Parilli revisa el texto y señala que cuando el Estado interviene sobre los servicios que las aseguradoras ofrecen es muy factible que la calidad de éstos cambie, puesto que ya no se establecería una relación directa entre el asegurado y el asegurador, sino que implicaría “meter al Estado en el medio”, y ante esta situación, el servicio podría variar dependiendo del comportamiento del ente gubernamental.
Pero, más allá del Decreto de Emergencia y del Estado de Excepción, la preocupación actual de las aseguradoras radica en la situación económica que vive el país, y sobre todo por la inflación, ya que esto perjudica a cualquier tipo de empresas; así lo percibe Parilli.
No obstante, el entrevistado añade que las empresas de seguro no pueden mermar la calidad de sus servicios; están obligados a velar por sus asegurados, pero a causa de la situación económica actual, las aseguradoras se encuentran en un estado de incertidumbre ya que las pólizas se desactualizan con mucha rapidez debido a los desmedidos cambios de precios que hay en Venezuela.
2016-05-17