La aerolínea española Plus Ultra mantiene sus vuelos entre España y Venezuela como el eje principal de su supervivencia tras el fuerte encarecimiento del combustible de aviación.
La compañía anunció que prepara una profunda reestructuración que incluye el inicio de negociaciones legales para evitar la quiebra y un despido colectivo para la mayoría de sus 679 empleados en Madrid.
Hasta ahora, la empresa concentra sus recursos en las conexiones desde Madrid y Tenerife hacia territorio venezolano.
Venezuela sostiene las operaciones de Plus Ultra
El mercado venezolano representa el único destino comercial regular que la empresa planea conservar sin cambios. Durante 2026, la ruta enfrentó severos obstáculos, desde la suspensión de vuelos a inicios de año, hasta los sismos en La Guaira que obligaron a trasladar las operaciones desde Maiquetía hacia el aeropuerto de Valencia.
A pesar de estos contratiempos, la compañía descartó abandonar el país y mantiene sus frecuencias habituales. Junto con esta ruta, la aerolínea solo conservará el servicio de alquiler de aviones con tripulación y mantenimiento para otras compañías, un modelo donde el cliente asume el gasto del combustible y el riesgo comercial.
El menor costo del combustible permite sostener la rentabilidad de estos trayectos frente a las pérdidas de 31 millones de euros acumuladas entre febrero y agosto de 2026.
Cierre de destinos y ajuste de plantilla
El encarecimiento del combustible, cuyo gasto subió a 105 millones de euros frente a los 69 millones previstos, obliga a Plus Ultra a suspender la venta de boletos hacia Lima y Buenos Aires.
La salida de Perú y Argentina reducirá en un 61% sus horas de vuelo comercial y se suma a la cancelación indefinida de la ruta hacia Bogotá y Cartagena de Indias ocurrida en junio.
Para adaptar sus gastos a esta nueva estructura, la directiva aplicará un recorte de personal en sus oficinas centrales de Alcobendas y en su base operativa del aeropuerto de Barajas.
Rescate público bajo investigación judicial y búsqueda de socios
La crisis operativa coincide con una delicada situación financiera marcada por una deuda total de 167 millones de euros y la falta de devolución del préstamo estatal de 53 millones recibido en 2021.
La aerolínea espera hasta febrero para renegociar los plazos de pago con las autoridades españolas, a la espera del nuevo gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre.
El futuro de la empresa también sufre el impacto de una investigación judicial en España sobre el supuesto uso irregular de las ayudas públicas y posibles vínculos con una red de lavado de dinero.
Este proceso penal, que involucra al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y provocó la detención temporal de los antiguos directivos de la aerolínea en diciembre de 2025, frustró las negociaciones de inversión con grupos como la aerolínea venezolana Laser Airlines y el operador turístico Ávoris.
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