Nota de prensa
El Sindicato Único de Empleados Públicos de la Alcaldía Metropolitana (SUMET-ALCAMET) acudió este jueves a la sede de la Contraloría General de la República a fin de consignar un documento en el cual expresa su preocupación por “el incumplimiento manifiesto y continuado en el que ha venido incurriendo el Alcalde del Municipio Bolivariano de Libertador, Dr. Jorge Rodríguez, al no enviarle a este organismo el diez por ciento (10%) de los recursos efectivamente recaudados como lo establece el Artículo 11, numeral 6 y el Artículo 12 de la Ley Especial del Régimen Municipal a Dos Niveles del Área Metropolitana de Caracas”.
En este documento se solicita al organismo contralor que “investigue las razones de tal incumplimiento y el destino que se ha dado a dichos fondos que por Ley le pertenecen a la Alcaldía Metropolitana”.
Se trata de una nueva acción dentro del cronograma trazado por los trabajadores del Ayuntamiento capitalino para exigir el cumplimiento de la Ley de Régimen Municipal a Dos Niveles, aprobada por el propio Gobierno Nacional. Esta normativa, despojó a la Alcaldía Metropolitana de todo su situado constitucional y de sus competencias, dejando limitados a los trabajadores y dependiendo de los aportes financieros de los cinco municipios capitalinos.
La Alcaldía de Libertador mantiene una deuda, por este concepto, que supera los mil 200 millones de bolívares, correspondientes a la recaudación efectuada por ese Municipio desde el 2009 hasta el 20015
El Secretario Ejecutivo de Sindicato Único de Empleados Públicos de la Alcaldía Metropolitana, Gustavo Rodríguez, solicitó a la Contraloría General de La República exhortar al Alcalde Jorge Rodríguez a pagar las deudas contraídas por su despacho, “se supone que esa plata ya está recaudada, pudiéramos suponer que eso es una apropiación indebida que él está haciendo con el dinero de la Alcaldía Metropolitana”.
El Sindicato continuará realizando gestiones a fin de garantizar el cumplimiento de este compromiso contemplado en la Ley , con el propósito asegurar el pago de salarios, aguinaldos y otros beneficios a más de 4.500 trabajadores entre empleados, obreros, contratados, e inclusive personal jubilado y pensionado.