Las muertes violentas de personas mayores están vinculadas a la responsabilidad del Estado porque su obligación, establecida en los diferentes acuerdos y convenciones internacionales, es proteger, cuidar y mantener las condiciones materiales de vida que eviten la exposición anticipada al riesgo de morir de las personas mayores. Sus responsabilidades van desde la garantía del derecho a la vida y a la integridad hasta el ejercicio pleno de todos los demás derechos humanos.
En este sentido, salvo algunas defunciones por causas accidentales y otras causas externas, el resto de las muertes violentas de personas mayores tienen, directa o indirectamente, relación con las acciones u omisiones del Estado, señala el Informe de Victimización: Vejez en riesgo, realizado por la Asociación Civil Convite.
La investigación realizada entre enero y diciembre del año 2020 refleja que 372 personas mayores perdieron la vida de forma violenta, discriminadas de la siguiente manera: 178 por causas imputables a la delincuencia; 69 por descuido, negligencia o impericia (violencia agravada, arrollamientos o accidentes provocados); 46 muertes con responsabilidad del Estado (inanición, tortura o tratos crueles, o falta de atención) y 79 muertes violentas de otro tipo (suicidios o accidentes).
La mayoría de los adultos mayores que perdieron la vida en estas circunstancias tenían entre 60 y 80 años de edad, 275 eran hombres y 97 mujeres. En cuanto a los estados con las cifras más altas de fallecimientos violentos se encuentran el Área Metropolitana de Caracas (36), Lara (35), Anzoátegui (33) y Zulia (30).
De acuerdo a lo señalado en el Informe de Victimización de Personas Mayores, estas muertes podrían haberse prevenido y evidencian la negligencia y el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado venezolano frente a amenazas procedentes de particulares y de entes público o privados.
Muertes por Covid-19
En el segundo semestre de 2020, el estudio realizado por Convite registra un total de 539 muertes de personas mayores por Covid-19 o causas relacionadas. De esta cifra 71 defunciones corresponden a adultos mayores que trabajaban en el sector salud.
“Estas muertes tienen directa o indirectamente, relación con las acciones u omisiones del Estado, como el no cumplimiento de sus obligaciones dirigidas al sistema de protección de la salud para prevenir las muertes tempranas de las personas mayores”, resalta el informe.
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