El Gobierno nacional formalizó la ampliación del área de operaciones petroleras asignada a la empresa mixta PetroPiar, S.A., entidad conformada por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la corporación estadounidense Chevron.
De acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial N° 43.410, con fecha del 7 de julio de 2026, el Ministerio de Hidrocarburos emitió una resolución mediante la cual adscribe formalmente el área geográfica delimitada como el Bloque Ayacucho 8 a la referida compañía mixta.
Detalles del Bloque Ayacucho 8 y alcance operativo
La nueva delimitación territorial otorgada a PetroPiar abarca una superficie de 446,95 kilómetros cuadrados, ubicada en la jurisdicción del estado Anzoátegui, dentro de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Con esta resolución oficial, la empresa mixta queda habilitada legal e institucionalmente para ejecutar trabajos directos de exploración en búsqueda de nuevos yacimientos y tareas de extracción de crudo.
De igual manera, la incorporación de los 446,95 km² del Bloque Ayacucho 8 eleva el área total de operación autorizada para PetroPiar a 907 kilómetros cuadrados.
La medida busca fortalecer la capacidad operativa de PetroPiar, una de las principales empresas mixtas que mantiene la estatal Pdvsa en alianza con capital extranjero, orientada a incrementar los volúmenes de extracción de hidrocarburos en el oriente del país mediante la infraestructura existente en la región.
Normas para el Impuesto Integrado de Hidrocarburos
En la misma publicación oficial, el Ministerio de Hidrocarburos dictó la resolución que establece las normas para la determinación, declaración y pago del Impuesto Integrado de Hidrocarburos.
Esta normativa fija los procedimientos operativos y tributarios aplicables a las siguientes áreas estratégicas de la industria:
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Mejoramiento y refinación de crudos.
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Industrialización y comercialización de hidrocarburos y sus derivados.
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Servicios petroleros especializados prestados a lo largo de la cadena de valor de la industria.
Con esta regulación, el Ejecutivo busca precisar los mecanismos de recaudación, fiscalización y control fiscal sobre la transformación downstream, el procesamiento de crudos pesados y las empresas contratistas de servicios especializados que operan en el territorio nacional.
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