El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado reabrir la causa por la presunta financiación irregular de Podemos que fue archivada en el año 2016 a partir de la documentación y las revelaciones que ha aportado el general venezolano Hugo Armando Carvajal. Le ha citado a declarar como testigo en esta causa el próximo 27 de octubre.
Fondos
Según informan en fuentes jurídicas a ABC, el juez ha dado este paso tras la documentación aportada y el relato expuesto por Carvajal; que apuntaría a que más allá de los fondos que el Gobierno de Hugo Chávez proporcionó a la Fundación CEPS; considerada germen de Podemos, en el año 2008 personas de la formación se habrían beneficiado de inyecciones económicas enviadas mediante valija desde distintos puntos del Caribe.
Esos movimientos se habrían producido, de acuerdo al relato de Carvajal, después de 2015; cuando la reforma del Código Penal introdujo como delito de la financiación de partidos políticos lo que hasta entonces se consideraba sólo una irregularidad. Esa reforma veta expresamente la recepción de fondos extranjeros procedentes de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas relacionadas con estos.
Aquella causa fue archivada por el entonces juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Alejandro Abascal, con el aval de la Fiscalía. En ese momento se investigaba la presunta recepción de fondos por parte del Gobierno venezolano a partir del denominado informe Pisa; elaborado en la Policía Nacional cuando estaba bajo la dirección Operativa de Eugenio Pino. Aquel informe, sin firma ni membrete, fue denostado por tratarse de un «conjunto desordenado de reproducciones de noticias».
Pagos
Entre aquellas noticias estaba la orden de pago o punto de cuenta que había autorizado Hugo Chávez en 20o8 en favor de la Fundación CEPS, considerada el germen de Podemos y por la que pasaron varios de quienes luego fundarían el partido. El documento era en cualquier caso anterior a la creación de la formación y quedaba fuera del marco normativo sobre la financiación de partidos políticos.
Esa orden de pago ha vuelto a la mesa del juez aportada por Carvajal. La diferencia es que acompaña varios documentos más y un extenso relato que sería fruto de su conocimiento directo en la etapa en la que ostentó la máxima responsabilidad de los servicios de Inteligencia de Venezuela.
El origen de la causa, con todo, estaba en un Juzgado de Instrucción de Zaragoza, que admitió una denuncia de la organización denominada Unión Cívica Española – Partido Por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (UCESP), al hilo del informe Pisa e incluía igualmente referencias de una posible financiación de Podemos llegada desde Irán.