El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público investigará los delitos contra niños, niñas y adolescentes en comercios y calles de Caracas.
Explicó que la Fiscalía 79 inspeccionará, en “las afueras de los locales”, la trata, explotación sexual y mendicidad forzada de los menores de edad.
En lo que va de 2022, las denuncias sobre la explotación de niños, niñas y adolescentes en diversas localidades de la capital se han vuelto cada vez más frecuentes.
Expertos y testigos aseguran que la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, además de la falta de acciones por parte de las autoridades, son el mayor incentivo para la proliferación de este tipo de delitos.
Anteriormente, vecinos de la Candelaria, denunciaron la presencia de jóvenes, con edades comprendidas entre los 12 y 16 años, quienes ofrecen servicios sexuales.
Entre las áreas en que se registra la mayoría de los casos, se encuentran las avenidas Libertador y Lecuna cercanas al casco histórico, dijo el Coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas.
Señaló que en las avenidas Casanova y Solano, colindantes al bulevar de Sabana Grande, se encuentran algunos locales que ofrecen, de manera ilícita, servicios sexuales con menores de edad.
Asimismo, En la plaza Candelaria, ubicada en la parroquia de mismo nombre, los vecinos también han denunciado la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
De igual manera, Rojas informó que vecinos de Catia denunciaron estas actividades en se localidad, al oeste de Caracas.
Piden registros
Por su parte, la abogada María Gabriela Cuevas, criticó las debilidades del sistema judicial.
Recordó que en el año 2020 el Ministerio Público designó las fiscalías 95 y 96, “para enfrentar la trata de personas y la explotación de mujeres y niños”.
Sin embargo, “desde su creación no existen datos o información en medios de comunicación que evidencien que esas instancias actúen”.
A su criterio, la creación de esas fiscalías, “solo evidencia que existe un incremento en la explotación de menores, aun cuando el Estado lo negaba”.
Insistió en que las autoridades son las responsables de contabilizar los casos, “pero no vemos resultados”.
“Queremos saber cuántos son los casos de trata de niños, ya sea por explotación sexual o laboral”, manifestó.
Complicidad de los organismos de seguridad
Cuevas explicó que “en cada municipio deberían existir consejos de seguridad preventivos, para brindar apoyo y protección a quienes enfrentan casos de explotación”.
Los mismos “están vinculados al sistema penal, que debe ponerse en movimiento para ayudar a las víctimas y enfrentar la situación”.
Sin embargo, la inacción por parte de las autoridades ha generado que la población “no confíe en los mecanismos de seguridad”.
Por lo cual “existe un miedo en la ciudadanía a la hora de denunciar estos casos”.
Carlos Julio Rojas coincidió con lo expuesto por la abogada, y denunció que, en muchos casos los adolescentes que son explotados a través de la prostitución “son agredidos por agentes de seguridad".
Aseveró que los oficiales, en lugar de atender a las víctimas, "les cobran vacunas”.
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