Entrar a un comercio en Venezuela se parece más a participar en una subasta que a realizar una compra. El consumidor observa un precio en el anaquel, pero solo descubre el monto real al llegar a la caja o cuando le traen la factura si está en un restaurante. Entre tasas oficiales, referencias en euros, valores tomados de plataformas digitales y cálculos discrecionales, se ha instalado una peligrosa cultura de incertidumbre que castiga al ciudadano.
Conviene dejar claro que el problema no es la indexación. De hecho, la adopción de referencias cambiarias ayudó a frenar la pulverización de precios durante los años más duros de la hiperinflación y aportó un mínimo de previsibilidad a la actividad comercial. Lo que hoy resulta inaceptable es la proliferación de criterios distintos, muchas veces opacos, que convierten la formación de precios en un ejercicio arbitrario.
Ningún mercado puede funcionar adecuadamente cuando compradores y vendedores juegan con reglas diferentes. Si comercios ubicados en una calle venden el mismo producto, pero uno cobra a la tasa oficial, otro al euro y un tercero a una referencia digital más alta, el consumidor queda indefenso y la competencia deja de basarse en eficiencia, calidad o servicio para depender de quién impone la referencia más conveniente para sus intereses.
Las consecuencias van mucho más allá de una factura inesperada. La falta de transparencia erosiona la confianza, estimula la especulación, dificulta la planificación familiar y alimenta la percepción de que las normas son opcionales. En cualquier economía moderna, el precio cumple una función esencial: informar con claridad. Cuando el precio deja de ser una referencia cierta, el mercado comienza a distorsionarse.
La experiencia internacional demuestra que la coexistencia de monedas no tiene por qué derivar en caos. Países que atravesaron procesos de dolarización parcial o alta volatilidad entendieron que la libertad comercial debe estar acompañada por reglas claras. El consumidor tiene derecho a saber, antes de comprar, cuál es el precio que pagará y bajo cuál tasa se realizará la conversión.
Por ello, corresponde a las autoridades establecer y hacer cumplir normas inequívocas de exhibición y facturación. No se trata de prohibir referencias cambiarias ni de intervenir los precios, sino de garantizar transparencia, uniformidad y respeto al ciudadano.
La economía venezolana necesita estabilidad y, en el caso que nos ocupa, eso requiere que el precio anunciado sea igual al cobrado. Frenar el bochinche cambiario no es una cuestión burocrática; debe verse como una condición indispensable para recuperar la confianza, fortalecer el comercio y proteger el bolsillo de millones de venezolanos.
Visite nuestra sección de Nacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube
