Ley de Derechos Socieconómicos: así funcionará el nuevo sistema de vigilancia para los precios

Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 09:11 pm
Ley de Derechos Socieconómicos: así funcionará el nuevo sistema de vigilancia para los precios

 El diputado Ramón Lobo, vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, aclaró este miércoles que el nuevo marco legal de la Ley de Derechos Socioeconómicos no busca imponer un control de precios rígido, sino establecer un sistema de vigilancia basado en la concertación y la data técnica.

La gran innovación de esta ley es la creación de un mecanismo de monitoreo que busca sustituir la fiscalización punitiva tradicional por una gestión de información:

  • No fija, sino que flexibiliza: El sistema recolectará información en tiempo real sobre los costos de producción y distribución.

  • Precios Referenciales: Con la data obtenida, se construirán "precios de referencia" que servirán de guía para el mercado.

  • Mesas Técnicas: La determinación de estos precios no será unilateral; participarán el Ministerio de Comercio, la Superintendencia (Sundde) y los proveedores del sector privado.

A pesar de la visión de "flexibilidad", el Estado se reserva una facultad crítica para proteger el consumo masivo:

"El artículo 19 señala que se van a fijar los precios de manera excepcional en servicios priorizados y bienes básicos, de acuerdo a condiciones económicas y sociales específicas", detalló Lobo.

Esto significa para el comerciante y el consumidor 

Para el sector comercial, este anuncio representa un alivio parcial, ya que se aleja de la fijación generalizada de precios que caracterizó a años anteriores.

Sin embargo, la obligación de suministrar datos al Sistema Nacional de Observación implicará una mayor transparencia contable.

Para el consumidor, el objetivo es estabilizar los precios referenciales para evitar saltos abruptos, especialmente en un momento donde el sector retail intenta recuperarse con las inversiones mencionadas recientemente por gremios como ANSA.

Lobo insistió en que la ley tiene una visión "más apegada a la defensa de derechos" que a la restricción económica, buscando un equilibrio entre la rentabilidad del negocio y el acceso de la población a los bienes esenciales.

 

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