El experto en seguridad y excomisario de la policía científica Luis Godoy advierte sobre un incremento en los delitos de hurto y robo de motocicletas en Venezuela, aunque lamenta que la opacidad institucional de los organismos de seguridad dificulte el acceso a cifras oficiales y fidedignas.
Ante la imposibilidad de contar con un registro delictual transparente, los especialistas se ven en la necesidad de consultar directamente a los actores gremiales, mototaxistas y servicios de delivery en zonas urbanas como Caracas.
Según las declaraciones del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, se ha registrado un ligero aumento en estas modalidades delictivas.
Durante su intervención en LA CONVERSA 2001, junto a Erys Wilfredo Alvarado y Juan Ernesto Páez-Pumar, puntualizó que uno de los factores que impulsan esta tendencia es la masiva expansión del parque automotor de dos ruedas.
“Mientras que entre los años 1999 y 2000 se contabilizaban entre 150.000 y 200.000 motos registradas, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) estima actualmente la existencia de unos dos millones y medio de unidades legalmente inscritas”, señaló Godoy.
Sin embargo, añadió que los expertos calculan la presencia de una "cifra negra" que duplica esa cantidad, y otras fuentes periodísticas sitúan el parque total entre siete y ocho millones de vehículos.
“Con las motocicletas constituyendo aproximadamente el 75% de los medios de transporte en las principales urbes frente a un reducido 20% o 25% de automóviles, el incremento proporcional de los delitos contra estos bienes resulta una consecuencia inevitable del crecimiento de la flota”, explica el experto en seguridad.
UN NUEVO PERFIL DELICTIVO
Al analizar los motivos detrás de la sustracción de estos vehículos, Godoy aclara que el uso de motocicletas para perpetrar delitos violentos —una práctica común en las décadas de 1990 y 2000, cuando hasta el 80% de los atracos en Caracas se ejecutaban bajo esta modalidad debido a la congestión vehicular— ha disminuido drásticamente.
“La reducción de los delitos violentos responde a un fenómeno multifactorial, entre los que destaca la masiva migración de más de siete millones de venezolanos, lo que ha contraído significativamente el mercado delictivo tradicional. Incluso delitos históricos como el atraco a entidades bancarias se encuentran totalmente extintos debido a la digitalización de la economía, el uso generalizado de plataformas electrónicas y la escasez de efectivo”, reseña el invitado de LA CONVERSA 2001.
Del mismo modo, actividades como el secuestro y los robos a joyerías han mermado, dando paso a otras expresiones ilícitas vinculadas al contrabando fronterizo, la extorsión y la comercialización ilegal de combustible.
Godoy apunta que, en la actualidad, el hurto y robo de motos obedecen fundamentalmente a dos causas concretas. La primera es la comercialización ilegal de los vehículos enteros en zonas populares, áreas rurales o regiones fronterizas, empleando las mismas placas y seriales originales debido a la escasa fiscalización.
“Las motocicletas de origen asiático, adquiridas originalmente en el mercado formal mediante facilidades de pago por un costo de entre 1.000 y 1.200 dólares, son revendidas a través de plataformas digitales por montos que oscilan entre los 600 y 800 dólares”, asegura.
La segunda causa es el denominado "repuesteo", que consiste en desvalijar las unidades en chiveras improvisadas para ofertar piezas y accesorios a menor precio. Este mercado negro opera con facilidad debido a que un porcentaje cercano al 50% de las motos que circulan en el país no se encuentran debidamente registradas ante el INTT.
ACUDIR ANTE EL INTT
Para contrarrestar la vulnerabilidad de los conductores, el excomisario Luis Godoy enfatiza que el paso inicial e indispensable es formalizar el registro de la propiedad ante el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTT).
La falta de inscripción legal impide que los ciudadanos puedan interponer una denuncia formal ante el Cicpc en caso de hurto o robo, ya que, al carecer de registros oficiales en el sistema, los seriales y placas no pueden ser ingresados en las bases de datos de vehículos solicitados a nivel nacional.
“Cuando te roban o te cortan la moto, tú no puedes denunciarla ante el Cicpc. ¿Por qué? Porque no aparece legalmente registrada el vehículo para poder ponerla solicitada”, asevera el experto.
El especialista señala que la omisión de este trámite responde en parte al desconocimiento y a la falta de cultura registral, agravada porque muchas comercializadoras de vehículos entregan las unidades con placas asignadas, pero omiten la tramitación del título de propiedad a nombre del comprador final.
“Los trabajadores de servicios de delivery y motorizados suelen iniciar sus labores de inmediato sin percatarse de que la ausencia de este requisito legal los deja en total indefensión jurídica ante siniestros o delitos”, alerta.
Godoy insiste en que la regularización documental no solo protege el patrimonio del propietario y facilita la labor de investigación policial, sino que evita que el ciudadano quede excluido de los registros formales y expuesto a sanciones o pérdidas irreparables.
HAY QUE DIGNIFICAR A LOS POLICÍAS
El excomisario Luis Godoy advierte que uno de los mayores problemas que golpea a la ciudadanía en las grandes ciudades es la participación de funcionarios de seguridad en delitos de extorsión.
La exigencia irregular de dinero o la imposición de supuestas sanciones administrativas a conductores bajo cualquier pretexto menor se ha convertido en una práctica cotidiana. A juicio del experto, medidas superficiales como la prohibición temporal de alcabalas decretada por el Ejecutivo nacional equivalen a "cambiar el sofá", ya que el problema estructural de impunidad y mala praxis persiste en las calles.
"La población venezolana tiene un gran rechazo a las policías, sobre todo la Policía Nacional, las policías municipales no escapan y la policía estadales a esta extorsión", enfatiza.
Esta desviación funcional encuentra un terreno propicio en la precariedad de las condiciones laborales y salariales del sector. Mientras que el salario mínimo oficial se mantiene anclado en 130 bolívares y gran parte de los oficiales percibe ingresos fragmentados a través de bonificaciones digitales del Sistema Patria, los incentivos profesionales han desaparecido.
De forma paralela, los procesos de formación en instituciones como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) se han visto mermados por la urgencia operativa del Estado, reduciendo los ciclos académicos a menos de un año para incorporar rápidamente a los aspirantes a las labores de calle sin la preparación técnica, moral ni el equipamiento adecuado.
Para superar esta crisis institucional, el excomisario plantea tres propuestas fundamentales orientadas a la recuperación de la seguridad ciudadana. En primer lugar, exige la desmilitarización absoluta de los cuerpos policiales civiles para garantizar que sean comandados por profesionales formados estrictamente en funciones de convivencia y protección urbana, respetando el principio de que "zapatero a sus zapatos".
En segundo lugar, demanda el estricto cumplimiento del marco legal vigente para delimitar las competencias operativas de cada organismo, devolviendo al Cicpc su exclusividad en la investigación criminal científica. Además, subraya la urgencia de dignificar al funcionario mediante salarios justos, seguridad social integral y capacitación continua, transformando a los cuerpos policiales en garantes confiables y queridos por la ciudadanía.
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