La ONG Convite, dedicada a la protección de los derechos sociales, alertó que los miembros de Azul Positivo los pueden procesar ante una jurisdicción militar.
A través de sus redes sociales, la organización calificó este hecho como una "criminalización sin precedentes de la labor humanitaria" por parte de diversas instituciones venezolana.
Foro Penal denunció durante la tarde del martes que la sede de Azul Positivo la allanaron efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Después de más de cinco horas de conversaciones, sus director general, Johan León, y director ejecutivo lo trasladaron a la sede policial.
