Ciudadanos originarios de España, Portugal e Italia se apostaron en la sede de la Unión Europea (UE) para solicitar apoyo en su lucha por lograr la devolución de sus inmuebles, los cuales; según narran «Invadieron los colectivos armados con complicidad del Gobierno que preside Nicolás Maduro».
Los manifestantes destacaron que más del 25% de las víctimas de violaciones a la propiedad privada en Caracas son migrantes del viejo continente.
Los activistas revelaron cómo «El discurso xenofóbico está presente en los invasores y altos políticos del gobierno nacional al justificar las tomas ilegales».
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas, calificó de política de Estado, las invasiones a las propiedades de los migrantes europeos, y coloca como ejemplo múltiples casos sólo en Caracas.
Espeta que el argumento principal de los invasores a la hora de tomar los inmuebles es «Un discurso xenofóbico que se carga de resentimiento».
Solicitan a la Unión Europea recuperar el fruto de su trabajo por tantos años
«Dicen textualmente que este español o portugués tiene plata y por eso recuperamos esa propiedad para el pueblo, pero la realidad es que le están robando el fruto de años de trabajo, brindando empleo y progreso al país», dijo.
Rojas reveló que aproximadamente el 25% de las víctimas de invasiones o expropiaciones en Caracas son ciudadanos o descendientes de europeos.
«Esto no es una casualidad, sino una política de estado, donde el discurso de odio siempre está presente, incluso en altos representantes del Gobierno», expresó Rojas.
«Los ataques a esta comunidad llegan al nivel de meter preso a un ciudadano italiano de nombre Lucio Camardella, quien protestó exigiendo el desalojo de su local comercial que invadieron los colectivos en Los Chaguaramos, lo esposaron y hasta le bajaron los pantalones en plena calle, fueron funcionarios del CICPC», relató.
«Este es uno de los muchos casos de migrantes a los que violentaron en su derecho humano a la propiedad», expresó coordinador del Frente Norte de Caracas.
La Unión Europea debe investigar los casos a profundidad
El también luchador social solicitó a la Unión Europea, y en específico al jefe de la delegación en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, que investiguen.
Pide hurgar a profundidad los casos de invasiones a víctimas de nacionalidad europea.
Asimismo, solicita que les brinden apoyo jurídico.
Pide a su vez, que desde el organismo eleven su voz en defensa del derecho humano a la propiedad privada.
«Le pedimos que intercedan ante el Gobierno de Nicolás Maduro para que como en el caso del Sambil de la Candelaria, se ejecute la devolución de inmuebles a sus legítimos propietarios», indicó.
Migrantes acusan a colectivos
Antonio Dos Santos Peregil narró cómo perdió su restaurante ubicado en la esquina del Conde, en el edificio Bapgel, al lado del Ministerio de Relaciones Exteriores:
«Colectivos armados en el 2020 me quitaron mi local, yo estudié, trabajé, creé mi empresa y di empleo en este país, y luego de 20 años de trabajo viene un colectivo a decirme que tengo que salir de mi local porque el edificio está tomado…
Ahora tengo 62 años y lo perdí todo, yo cumplí mi convenio social con la nación, pagué impuestos, pagué Seniat, pagué Ince y seguro social, y resulta que tengo menos derechos que un antisocial que se roba la luz, el agua y el gas», destacó el comerciante de origen lusitano.
«Hemos soportado hasta intentos de homicidio»
También dio su testimonio Fiorenzo Ianarella, propietario del edificio Beltrán en la Avenida Fuerzas Armadas de la parroquia Santa Rosalía, invadido desde el 2009.
«Soy italiano naturalizado venezolano desde hace 40 años, pero me agredieron con actos xenofóbicos tanto por los invasores como por las autoridades, hemos recibido hasta intentos de homicidio por defender mi propiedad…
Hoy solicitamos que la Unión Europea haga algo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para nuestra ayuda».
Vine a éste país sin un centavo, y al parecer también sin un centavo me iré
«Yo llegué a los 17 años a Venezuela desde España sin un centavo y me iré de este país sin un centavo por culpa de los colectivos».
La cita anterior pertenece al ciudadano de origen extranjero Orencio Mariñas Lozada de 83 años de edad.
Este hombre perdió todos los bienes, materia prima, maquinaria, herramientas, entre otros elementos.
Esto, tras invadírsele en el Edificio Padrón, de la parroquia San Pedro de Caracas.
Allí se encontraba su empresa de confección de textiles, al igual que los otros tres comercios que allí laboraban.
Invasores no aceptan tampoco comprar las propiedades ocupadas
Olga Gilá, costarricense, propietaria de una residencia en la parroquia Altagracia; fue incluso agredida por un grupo de invasores, provenientes de cariaco.
Estas personas irrumpieron en el inmueble y se niegan a desalojar.
«He acudido a la fiscalía, al Cuerpo de Investigaciones Científicas penales y Criminalísticas CICPC y otras autoridades, y no he recibido ningún tipo de apoyo o respuesta».
En vista del desamparo la mujer decidió ofrecerles en venta la propiedad a los invasores.
Ya que a raíz de toda esta situación sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV) y estos se niegan totalmente a cualquier mediación.
«Ya que ninguna autoridad nacional presta ninguna respuesta hemos decidido acudir a instancias internacionales para buscar algún tipo de justicia», declaró.
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Con Nota de Prensa del Frente Norte de Caracas