La Justicia de Venezuela ha condenado, desde agosto de 2017 hasta noviembre de 2021, a 820 funcionarios de seguridad del Estado por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.
"Se ha logrado la imputación de 820 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 40 particulares indiciados como colaboradores inmediatos; de los cuales 210 fueron condenados por los tribunales", dijo Saab en un balance transmitido a través del canal estatal VTV.
Casos
Saab destacó casos en los que se ha obtenido sentencia en el ultimo año, como el del concejal Fernando Albán, quien falleció en prisión en 2018; al caer de un décimo piso, según indicó el fiscal en ese momento.
Sobre esta investigación, informó que el pasado 3 de diciembre fueron condenados a 5 años y 10 meses de prisión dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por homicidio culposo; quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.
De igual forma, se refirió al homicidio de David Vallenilla, joven asesinado durante las protestas de 2017; y recordó que por el hecho fue condenado, el pasado 22 de octubre, el funcionario de la aviación Arli Méndez a 23 años prisión, acusado de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica.
"En el caso del sistema de Justicia venezolano, la lucha contra la impunidad demuestra y revela que acá se investiga y se hace lo necesario", aseveró el fiscal.
Además, puntualizó que el Ministerio Público "no solo" atiende presuntas violaciones a los derechos civiles; sino que mantiene "una línea de acción contra violaciones del derecho a la salud".
"Sobre este tipo de hechos hemos investigado 54 denuncias en establecimientos de 15 estados. Se presentaron acusaciones en 15 casos y se ha logrado condenas en 10 de ellos", aseguró.
Saab ofreció un balance anterior el pasado 24 de noviembre en el que aseguró que durante el año en curso han sido condenadas 681 personas por delitos de corrupción y 83 funcionarios de distintos organismos de seguridad del Estado, por crímenes relacionados con vulneraciones a los derechos humanos.
EFE
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