2001.com.ve | Joan M. Camargo |[email protected]
La institucionalidad es una cualidad esencial que debe poseer un país para garantizar el pleno funcionamiento del Estado de Derecho. Cuando este atributo no se afianza se ve claramente como los organismos o instituciones al servicio del Estado ejecutan su labor a favor del gobierno que lo desvirtúa.
Destacadas organizaciones muestran su preocupación por las calificaciones internacionales que se le han dado a la institucionalidad. en el país. La sensación de hegemonía cruza de brazos a los protagonistas políticos que ven casi imposible la salida democrática de un gobierno que tiene el control de casi todas las instituciones del país.
Organizaciones como Paz Activa, en cohesión con el Observatorio de Delito Organizado, plantean las posibles soluciones para volver a conquistar la autonomía institucional de Venezuela.
Entre sus planes destacan abolir o reformar leyes creadas intencionalmente para contribuir a la perdida de la institucionalidad; exigir la rendición de cuentas de los responsables de las instituciones del Estado; ejecutar planes para el establecimiento de una justicia transicional; enjuiciar a los malos administradores; recuperar los activos de la nación y crear planes en pro de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria.
La pérdida de la institucionalidad ha generado vicios dentro del Estado venezolano que sacan de foco su funcionamiento democrático y lo convierte en otro tipo de sistema, que agrupa anomias que institucionalizan la impunidad, la delincuencia y la corrupción.
Sin castigo
Según un informe de la Comisión de Política Interior de la AN, en 2015 solo se sentenciaron 5.426 juicios de los 351.321 casos presentados. Esto significa un 98,45% de impunidad en delitos comunes.
Las alarmantes cifras de impunidad y la sensación de que al violar la ley no se genera ningún tipo de consecuencia acarrea la intensificación de la violencia en el país. El bajo costo del delito tiene como resultado la incorporación de nuevos grupos delictivos.
Delincuencia
Conforme a un estudio realizado por la Asociación Civil Venezuela Segura, en el año 2015 se calculó un total de 27.875 homicidios en el país, mientras que en el año 2000 fue solo de 8.022. Esto significa un inquietante aumento del 347,5% de los asesinatos en Venezuela.
Aproximadamente el 55% de los homicidios se relacionan con grupos de delincuencia organizada.
Corrupción
Venezuela ocupa el puesto 158 de 167 países que integran la lista del índice de percepción de corrupción publicado por Transparencia Internacional; por debajo de países como Haití, Yemen, Siria y El Congo. Es decir, es el noveno país más corrupto del mundo.
Son tantos los factores que influyen dentro del Estado venezolano que el mismo se convierte en una figura confusa y contradictoria que, además, mezcla rasgos de sistemas políticos autoritarios.
En definitiva, toda esta falta de ley ha sido estudiada por especialistas junto a diversas organizaciones y entes especialmente encargados de analizar la situación actual que vive el país.
Estado como botín
El abogado Fernando Fernández considera que para entender el descomunal sistema de corrupción que se ha desarrollado en Venezuela es necesario estudiar sistemas como el llamado "Estado de botín", que no es más que la toma del poder con fines perversos e inmorales donde las arbitrariedades y la violación del Estado de Derecho convierten al país en la víctima más vulnerable.
En este tipo de sistemas las leyes o decisiones políticas se ejecutan a beneficio de ciertos grupos de poder, lo que lo convierte en un agente criminógeno que apoya la corrupción de los funcionarios del Estado.
Estado dual
Para Fernando Fernández la dualidad del Estado se ve claramente reflejada en Venezuela. El Estado social y democrático resulta ser el antagónico del sistema comunal que a lo largo de los años ha planteado establecer el Gobierno venezolano.
Esta figura estatal busca legalizar un ideal político, dejando a un lado el sistema democrático, natural de cualquier país del mundo.
El dualismo del Estado rompe por completo el equilibrio del ejercicio institucional, lo que genera el aumento de la corrupción y la mala administración, debido a que el Estado carece de herramientas que castiguen dichos perjuicios.
Fernández asevera que este conflicto de modelos acarrea consecuencias que están presentes en la actualidad política de Venezuela como lo son: el nepotismo, la lealtad partidista y la complicidad entre los servidores y altos funcionarios del Gobierno.
Soluciones
Para la bancada de la Unidad de la AN, una de las medidas más factibles para el restablecimiento de la institucionalidad democrática en el país, es la designación de nuevos magistrados del TSJ. Esto con la finalidad de poder legislar libremente sin que exista un Poder Judicial que le coarte su derecho constitucional.
Frente a esta posición, los diputados de la MUD se plantearon la tarea de nombrar nuevos magistrados, amparados en el Reglamento de Interior y Debates, esto para anular la designación hecha por la anterior Asamblea en diciembre del año pasado, señalada como inconstitucional por muchos diputados y juristas de la República.
Recuperación
Por otra parte, Simón Calzadilla, vicepresidente de la AN, considera que la mejor salida para la recuperación del Estado de Derecho es la activación del referendo revocatorio antes de seguir insistiendo con fórmulas que necesitan de la institucionalidad democrática que actualmente no tiene el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Si se trabaja en la recuperación y ejecución del Estado social y de derecho según lo que establece en la Constitución Nacional, se podrá descentralizar el poder y, de esta manera, devolverle la autonomía a las instituciones del Estado para restituir el orden constitucional de los Poderes Públicos en Venezuela.
250 mil millones de dólares se perdieron en 10 años, a través de las mafias de las empresas de maletín; según lo indicado por Jorge Giordani, exministro de Economía.
2016-07-26