A casi diez meses de los acontecimientos políticos derivados de los sucesos de enero, tras la captura de Nicolás Maduro, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Distrito Capital mantiene una evaluación crítica sobre las garantías para el ejercicio de la profesión y la libertad de expresión en Venezuela.
Edgar Cárdenas, secretario general del gremio en la capital de la República, señaló que, si bien se percibe una leve apertura que permite a los ciudadanos y medios expresarse con un margen ligeramente mayor, esta condición resulta insuficiente ante la persistencia de un andamiaje legal restrictivo que opera como una amenaza constante para la labor informativa.
Durante su participación en LA CONVERSA 2001, junto a Erys Wilfredo Alvarado y Juan Ernesto Páez-Pumar, Cárdenas centró sus advertencias en torno a la Ley contra el Odio. En tal sentido, el gremialista calificó este instrumento como una normativa que "nació viciada", concebida originalmente con un propósito de control para legitimar la censura y criminalizar la opinión bajo la premisa de frenar la confrontación política.
“Los datos que maneja la seccional reflejan que el 70% de los periodistas detenidos en el país durante los últimos tres años fueron imputados inicialmente bajo los preceptos de esta ley, con la modalidad del ‘delito comodín’ que se aplica de forma discrecional ante cualquier cobertura de interés público”, denuncia.
Como ejemplo, recordó el caso de un reportero aprehendido en el estado Guárico tras cubrir una protesta comunitaria por fallas en el suministro de agua potable.
Frente a las discusiones en torno a una posible reforma parcial orientada a eliminar las penas privativas de libertad —que contemplaban sanciones de hasta 20 años de prisión— para sustituirlas por multas pecuniarias desproporcionadas de entre 10.000 y 20.000 salarios mínimos, el secretario general del CNP Distrito Capital rechazó categóricamente cualquier modificación superficial.
El dirigente sostuvo que el espíritu punitivo y de control se mantiene intacto al conservar sanciones severas y mecanismos de bloqueo contra los medios, por lo que insistió en que la única salida viable es la derogación total de la ley.
“A esta situación se suma el impacto histórico de la revocación de concesiones y licencias a más de 400 emisoras de radio, donde hay que incluir un centenar de casos registrados solo en 2022 y cierres fundamentados en errores administrativos extremos, como el caso de una estación en Carabobo retirada por el supuesto fallecimiento de un propietario ocurrido 24 años antes”, relata Cárdenas.
Además, acota que estas medidas que han disminuido drásticamente la pluralidad informativa y trivializado los contenidos audiovisuales.
Periodistas versus influencers
En el ámbito del ejercicio profesional, Cárdenas abordó la importancia de la colegiación obligatoria y la necesidad legal de cursar estudios universitarios en instituciones reconocidas para ejercer el periodismo en Venezuela. Lejos de constituir una medida de carácter clasista o elitista, el secretario general subrayó que la información constituye un bien social de alta trascendencia y que la función informativa exige un riguroso compromiso con la verdad, la contrastación de fuentes y la responsabilidad ética.
“El debate sobre la legitimidad en la emisión de contenidos se ha visto afectado por la proliferación de la informalidad y la incursión de actores empíricos en los entornos digitales. Ante este escenario, el gremio reitera que el periodismo requiere una formación académica estructurada, donde se equipar la exigencia de procesar la información de forma correcta y adscripción gremial con las restricciones legales vigentes en otras profesiones colegiadas, tales como el Derecho o la Medicina, donde el conocimiento empírico no exime de la certificación formal y la supervisión ética”, sentencia el comunicador y docente.
Para respaldar la necesidad de preservar los estándares profesionales, Cárdenas citó estimaciones internacionales, como los informes de la UNESCO, que indican que el 69% de los creadores de contenido digital o "influencers" admiten no verificar ni contrastar la información que difunden, al priorizar la construcción de marcas comerciales e imágenes personales por encima del rigor informativo.
“La pertenencia al Colegio Nacional de Periodistas somete a los profesionales a un código de deontología y disciplina gremial, dotando a la sociedad de mecanismos de exigibilidad y amparo frente a desvíos éticos. Sin una formación formal y un colegio que regule la actividad, la labor informativa queda desprovista de garantías institucionales, vulnerando el derecho ciudadano a recibir contenidos veraces y contrastados”, describe Cárdenas.
El periodismo en la era de la IA
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) representa uno de los retos más complejos en la actual era de la convergencia digital. Edgar Cárdenas reconoció que la tecnología constituye una herramienta sumamente útil para tareas de estructuración, jerarquización y optimización de contenidos en entornos virtuales, pero descarta posturas de rechazo tecnológico. No obstante, advirtió sobre los riesgos derivados de su uso indiscriminado en los procesos informativos.
“La inteligencia artificial carece de dos elementos fundamentales del ejercicio periodístico: la ética y la intuición. Al sustentarse en algoritmos programados por humanos, los sistemas automatizados tienden a reproducir los sesgos preexistentes de sus creadores”, reflexiona.
Como muestra de las distorsiones generadas por el uso desregulado de estas tecnologías, aludió a las denuncias formuladas por el especialista en periodismo digital Ramón Salaverría, de la Universidad de Navarra, quien alertó sobre la difusión de publicaciones generadas íntegramente por IA que le atribuían la autoría de libros inexistentes, incluyendo referencias a páginas y contenidos ficticios.
En el plano educativo, la propagación de desinformación y la creación de contenidos sintéticos hiperrealistas (deepfakes) han llevado a las universidades venezolanas a replantear sus métodos pedagógicos. Cárdenas indicó que, como medida de salvaguarda ante el fraude académico y para estimular el pensamiento crítico, diversas facultades han prohibido el uso de teléfonos celulares en las aulas, restringido las asignaciones domiciliarias y priorizado el trabajo analítico presencial y las evaluaciones orales.
“La comunicación es, por naturaleza, un acto netamente humano. Si bien las herramientas automatizadas agilizan procesos de redacción y análisis de datos, carecen de la capacidad de interactuar directamente con la fuente, percibir la realidad de los hechos en el terreno y ejercer el criterio crítico indispensable. Por ello, hay que promover programas de alfabetización mediática dirigidos tanto a la academia como a la sociedad civil, con el fin de blindar al periodismo profesional frente a los riesgos crecientes de la manipulación algorítmica y la desinformación masiva”, dijo Cárdenas.
También puede visitar nuestra sección: Nacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube