La devastación causada por los terremotos añade una nueva y compleja carga a una economía que aún intenta recuperarse de la mayor crisis de su historia contemporánea. Los daños en infraestructura, viviendas, comercios y servicios públicos exigen una reconstrucción de gran escala que amerita el desembolso de miles de millones de dólares. Superar semejante desafío requiere del concurso de la inversión privada nacional e internacional. Esta hora crucial demanda responsabilidad y asertividad. No hay chance para repetir experimentos nefastos del pasado reciente, cuando se creyó que el Estado por sí solo podía enfrentar la contingencia y lo que consiguió fue agravar la situación.
Existen señales que merecen ser reconocidas. La simplificación de algunos trámites administrativos por parte del Seniat y determinadas flexibilizaciones aplicadas por organismos como el Saime apuntan en la dirección correcta. También lo hace el crecimiento de 7,14% del PIB reportado por el Banco Central de Venezuela durante el segundo trimestre.
De acuerdo con el ente emisor, la actividad petrolera avanzó 9,10%, mientras que la no petrolera registró un aumento de 5,79%. Son cifras positivas y reflejan una capacidad de recuperación que no debe subestimarse. Sin embargo, los resultados coyunturales no pueden ocultar la dimensión de las pérdidas acumuladas. Diversas estimaciones internacionales indican que la economía venezolana se contrajo más de 75% entre 2013 y 2021, una de las mayores caídas registradas en el mundo por un país que no se encontraba en guerra.
Precisamente por ello, el objetivo no puede limitarse a celebrar tasas de crecimiento. El reto consiste en recuperar capacidad productiva, mediante el rescate de zonas industriales abandonas en las regiones; modernizar infraestructura, generar empleos de calidad y culminar grandes obras viales, como el ferrocarril de Los Llanos y el Metro de Guarenas, solo por citar dos casos. Todo ello requiere inversiones de largo plazo, lo cual implica asignar proyectos a empresas nacionales y el retorno de trasnacionales.
Para lograrlo es indispensable crear un entorno más favorable a la actividad económica. Persisten obstáculos que desalientan nuevos proyectos: elevada carga tributaria, regulaciones complejas, trámites duplicados y procedimientos burocráticos que incrementan costos y retrasan decisiones de inversión. La advertencia formulada por la Cámara de Comercio de Vargas sobre el cobro de tributos a mercancías importadas, tanto en Puerto Cabello como en La Guaira, ilustra cómo ciertas distorsiones continúan afectando la competitividad.
El rescate económico exige medidas extraordinarias. Un régimen especial que contemple incentivos temporales a nuevas inversiones, simplificación de permisos, eliminación de cargas duplicadas y estabilidad fiscal contribuiría a acelerar la recuperación financiera. Del mismo modo, resulta fundamental fortalecer las garantías jurídicas y ofrecer mayor previsibilidad a quienes estén dispuestos a comprometer capital en el país. La confianza de los inversionistas depende del respeto a los contratos, la protección de la propiedad y la estabilidad de las reglas de juego.
Las circunstancias exigen pragmatismo. Cada inversión que llega se traduce en empleo, infraestructura, producción y bienestar. Venezuela necesita recursos, tecnología y alianzas para enfrentar la reconstrucción y retomar la senda del crecimiento. Facilitar la inversión no es simplemente una política económica deseable: es una condición indispensable para recuperar el país.
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