Redacción 2001.com.ve| Miguelangel Caballero
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Transparencia Venezuela, aseguran que la crisis eléctrica en el país es consecuencia de la corrupción y la ineficiencia en la administración del sistema eléctrico nacional.
Las ong cuestionan el uso eficiente, responsable y transparente de los recursos destinados para paliar la “emergencia eléctrica", ya que en 2010 Venezuela invirtió más de 27 millardos de dólares y a pesar de eso persiste el déficit de generación eléctrica, lo que ha afectado el "desarrollo empresarial, comercial y el disfrute de un nivel de vida adecuado para los venezolanos".
El trabajó publicado en la web de Provea citá una investigación realizada por el Ing. José Aguilar, desde 1999 al 2013 en la que afirma que "los dineros públicos destinados al sector eléctrico nacional alcanzan un monto acumulado, indexado a 1998, que supera los US$ 94.000 millones, suficientes para haber construido dos sistemas eléctricos de dimensiones similares al que existía para 1998… bajo decretos de “Emergencia Eléctrica”, las asignaciones, solamente desde el 2010 al 2013, suman unos US$ 74.000 millones"
También denunciaron que existe un retraso en el proyecto de la "Central Hidroeléctrica Tocoma, prometida para 2012-2014 (10 turbinas entrando 3 por año) está diferida la entrada de la primera turbina para el segundo semestre de 2016, ya serían 5 años de retraso. Tocoma, muy similar en ingeniería a Caruachi (2005), cuesta a la fecha $12 mil millones vs. su costo original de $2.7 mil millones (ídem Caruachi), debido a la inflación, las sucesivas devaluaciones, imprevistos y retrasos de los contratistas".
Mencionaron el caso de corrupción de la empresa Derwick Associates, según una investigación del periodista César Batiz, en el que la Electricidad de Caracas pagó 198 millones de dólares por equipamiento y construcción de la planta de Picure.
Derwick Associates, que subcontrató a la empresa ProEnergy, "logró la asignación para construir 12 plantas, adecuar equipos en Nueva Esparta, y para la venta de 42 turbinas, 81% de segunda y tercera mano traídas de lugares tan disímiles como California, Misisipi, China, Qatar y Tanzania. De esta última se adquirieron cinco de una compañía en quiebra".
Estás turbinas, según la investigación, estaban "reparadas para cobrar como nuevas, con el conocimiento de funcionarios de las instituciones venezolanas según demuestran papeles oficiales. Por las turbinas de Tanzania ProEnergy ofreció $34 millones, mientras que desde la oficina de compra de Bariven –filial de Pdvsa– en Holanda salió una orden de compra por cuatro máquinas por $76 millones, mucho más de 100% de ganancia", según la investigación de Batiz.
Provea y Transparencia internacional consideran que se han violado "los derechos económicos, sociales y culturales, precarizando de forma desproporcionada la calidad de vida de las personas pertenecientes a los grupos más vulnerables de la sociedad, en su mayoría, habitantes de las comunidades más pobres del país".
También exigieron a las autoridades del Ministerio Público y Contraloría General de la República que inicien "una investigación oportuna y transparente que conduzca a la sanción de los responsables e impida que la impunidad sumerja en la oscuridad la vigencia de los derechos sociales en Venezuela".
2016-05-04