Marialejandra Hernández | [email protected]
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, instó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) la aplicación del principio Responsabilidad de Proteger, también conocido como R2P, para “apoyar al pueblo venezolano ante la crisis política que vive el país” y “restablecer la democracia en el país con ayuda de la comunidad internacional”.
En un discurso dirigido a los representantes de 43 delegaciones diplomáticas de la Asamblea General de la ONU 75, Guaidó solicitó la activación de este principio luego de enumerar, a su juicio, las "violaciones" contra los derechos humanos documentadas en el informe presentado por el bloque hace algunos días.
Según el opositor, el "control de facto" que ejerce a su juicio la administración de Nicolás Maduro sobre el país, "ha agotado ya cualquier intento diplomático de realizar una transición pacífica"; por lo que pidió a los Estados miembros de la ONU que "asuman la responsabilidad de asistir al Gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, y considerar una estrategia que incluya estos escenarios".
La R2P es una doctrina adoptada por la ONU luego de la Cumbre Mundial de 2005, con el fin de evitar crímenes de lesa humanidad e intervenir no solo en su prevención y contención, sino también durante la fase de reconstrucción postconflicto.
"Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias (…) La comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana" reza al respecto el propio manifiesto del bloque multilateral sobre el tema.
ENTRE EL R2P Y EL TIAR. ¿ALGUNA ACCIÓN CONCRETA?
En el caso venezolano, la solicitud de aplicación del R2P se ha puesto en la mesa entre varios factores de la oposición desde la instalación del Gobierno interino a principios de 2019. En el pasado, la fracción 16 de Julio de la Asamblea Nacional y la plataforma Soy Venezuela, liderada por María Corina Machado, pidió al Parlamento invocar el artículo 187.11 de la Constitución para solicitar “una intervención militar extranjera apoyándose en el R2P”.
Aunque el tema se llevó a la mesa en varias reuniones del Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA), y fue una de las opciones más estudiadas por el equipo internacional del gobierno interino junto al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) -mecanismo consagrado en el Pacto de Río firmado por la OEA en 1947 y que implica un pacto de defensa militar que invoca algún país del continente ante ataques contra cualquiera de los integrantes del organismo-, no fue sino hasta ahora que la administración de Guaidó ha considerado que están dadas las condiciones para la aplicación del mecanismo.
Cabe destacar que la doctrina de la ONU, según sus postulados, se basa en tres pilares fundamentales: la responsabilidad primaria de proteger a su población de los crímenes masivos, la responsabilidad de la comunidad internacional de asistir a los Estados en el cumplimiento de esa protección y el uso de vías diplomáticas, humanitarias y otros mecanismos pacíficos para proteger a las poblaciones de los crímenes mencionados.
De este modo, la activación de la doctrina no significa directamente que habrá una misión militar extranjera en el país de inmediato, pues los propios estatutos de la ONU buscan evitar cualquier intervención innecesaria y prefiere abogar por métodos más diplomáticos como planes de acción nacional para evitar los crímenes de lesa humanidad, colaboración con organizaciones internacionales y regionales y asistencia humanitaria a las diferentes instituciones.
No obstante, la Responsabilidad de Proteger sí establece el uso de la fuerza una vez que se hayan agotado todos los medios pacíficos y diplomáticos y demostrado la imposibilidad real del Estado de solucionar su situación. Con lo cual la comunidad internacional se puede involucrar directamente en los asuntos del Estado en cuestión como último recurso, pero únicamente con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.
2020-09-24
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