Donde antes se erigía la estructura de Residencias Arichuna, en la avenida José María España del sector Los Corales en La Guaira, hoy solo queda un terreno completamente despejado. Las labores de limpieza removieron los restos del edificio, el cual colapsó tras el doblete sísmico del 24 de junio. Aquella tragedia cobró la vida de 38 personas bajo los escombros y destruyó los hogares de decenas de familias. A más de tres meses del desastre, el dolor por la pérdida de seres queridos se combina con un severo obstáculo institucional que frena la reconstrucción de sus vidas.
Error administrativo
Un error administrativo dentro de la base de datos del censo oficial bloquea el acceso de las familias sobrevivientes a los créditos de sustitución o adquisición de vivienda que anunció el Gobierno. La falla se produjo durante el registro que ejecutó la Comisión Presidencial para Evaluar Habitabilidad y Estado Estructural de las Viviendas e Infraestructuras. Al ingresar la información de los inmuebles, los empadronadores asignaron la etiqueta amarilla (e incluso verde en algunos casos) a apartamentos de una estructura que colapsó en su totalidad, según lo informó RunRun.es.
Clasificación errónea
Esta clasificación contradice el informe técnico de evaluación rápida que emitió el propio perito evaluador e inspector en el sitio. Dicho informe oficial catalogó el inmueble de forma explícita bajo la categoría de "Edificación Colapsada", condición que corresponde estrictamente a la etiqueta roja. Asimismo, la plataforma digital del sistema de censo incurrió en fallas de geolocalización y dirección física. Los comprobantes oficiales generados con código QR ubican a Residencias Arichuna en el sector Carayaca, dentro del circuito comunal Cacique Guacaipuro, cuando en realidad el edificio pertenecía a la parroquia Caraballeda en la zona de Los Corales.
Corrección del error
Ante esta situación, la Junta Liquidadora del Condominio del edificio envió una misiva formal dirigida al vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez. En el documento, los representantes exigieron la rectificación inmediata de las etiquetas y la corrección del expediente geográfico. Propietarios como José Espinosa aseguran que las familias afectadas entregaron cartas explicativas, expedientes técnicos completos y carpetas con la documentación requerida. Sin embargo, la corrección del sistema todavía no se concreta en la base de datos unificada, según lo dio a conocer RunRun.es.
Rechazo automático del sistema
La discrepancia entre la realidad física y los registros del censo produce un efecto paralizante en las solicitudes de ayuda estatal. Para postular a los programas de financiamiento e iniciativas habitacionales del Estado, el sistema exige de manera obligatoria la etiqueta roja en el comprobante digital. Al figurar con etiquetas amarillas o verdes, el sistema rechaza automáticamente a los damnificados.
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