Redacción 2001
Allan Brewer-Carías , abogado constitucionalista y uno de los redactores de la vigente Constitución Nacional de 1999 y José Ignacio Hernández, también constitucionalista y profesor Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Central de Venezuela rechazaron el dictamen dado a conocer el jueves por el Contralor General de la República.
Brewer-Carías, quien ha realizado por años denuncias contra la “inconstitucional y arbitraria” abrogación de facultades que se ha hecho la Contralaría en casos como el del presidente de la Asamblea Nacional, a quien se inhabilitó por 15 años para el ejercicio de cargos públicos.
Se trata, sin duda, de un acto más de persecución política contra otro de los líderes de la oposición venezolana, que se suma a tantos otros, pero esta vez cometida por el funcionario que no goza de ningún tipo de legitimidad”, expuso.
El destacado jurista aclaró que una resolución de estas dimensiones solo puede ser impuesta por tribunal, es decir, mediante el Poder Judicial, previa realización de un juicio, en el marco del Estado de Derecho.
“Imponerle a un funcionario una pena de quince años de inhabilitación en el ejercicio de los derechos políticos, es una sanción atroz que de acuerdo con la Constitución, solo un gran crimen podría merecer, impuesta en todo caso por un juez, en un proceso judicial de carácter penal desarrollado con las debidas garantías”, explicó. Hernández fustigó la ilegitimidad con la que actuó Elvis Amoroso, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, sin cumplir los parámetros dispuestos en la carta magna.
“La supuesta inhabilitación en contra de Juan Guaidó es inexistente, por tanto ni quien dice ser Contralor ha sido designado como tal por organismo legítimo, siguiendo los preceptos constitucionales, ni la Contraloría puede inhabilitar, eso no está dentro del margen de sus competencias”, argumentó
Añadió que la acción constituye “otra prueba más de la corrupción política del sistema electoral venezolano”.
Antecedentes. Ambos juristas señalaron casos anteriores con características llamativamente similares en los últimos 10 años, en los que se inhabilitó a dirigentes opositores. Leopoldo López, Henrique Capriles Radonzki y María Corina Machado han sido solo algunos de los líderes opositores a los que se les abrieron procedimientos sancionatorios administrativos, que culminaron con inhabilitaciones para ejercer cargos en la estructura del Estado por más de una década.
En todas las causas citadas los expedientes fueron abiertos por la Contraloría General de la República.
2019-03-28
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