El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en un comunicado publicado recientemente, destacó que rechaza categóricamente la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte del Gobierno de los Estados Unidos, utilizada para justificar la deportación masiva y criminalización de migrantes venezolanos.
Esta medida, calificada como anacrónica y violatoria del derecho internacional, representa un ataque directo contra los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos en el extranjero.
En el comunicado oficial, Venezuela denunció que esta ley, invocada por el presidente Donald Trump, no solo estigmatiza a los migrantes venezolanos al asociarlos con actividades criminales sin pruebas contundentes, sino que también revive prácticas discriminatorias que recuerdan episodios oscuros en la historia estadounidense, como el encarcelamiento masivo de ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
Conozca el contexto y las razones de la denuncia
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada hace más de dos siglos, otorga amplios poderes al presidente estadounidense para detener o deportar a ciudadanos extranjeros considerados una amenaza en tiempos de guerra.
Sin embargo, su aplicación actual ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos, quienes señalan que esta medida viola principios fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia.
El Gobierno venezolano subrayó que estas acciones forman parte de una política sistemática de agresión contra Venezuela, intensificada desde 2015 con el Decreto Ejecutivo firmado por Barack Obama que declaró al país como una "amenaza inusual y extraordinaria".
Además, denunció que Estados Unidos utiliza argumentos infundados para vincular a ciudadanos venezolanos con actividades criminales como las atribuidas a la banda Tren de Aragua.
Medidas a tomar por el Gobiernos Bolivariano
Venezuela hizo un llamado urgente a las instituciones multilaterales y a los países aliados para condenar esta nueva agresión y tomar acciones concretas en defensa del derecho internacional.
Asimismo, instó a realizar una investigación imparcial sobre las prácticas discriminatorias implementadas por las autoridades estadounidenses contra los los migrantes venezolanos.
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