El gobierno encargado de Venezuela rechazó este martes la renovación por dos años de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre los derechos humanos en el país, al argumentar que los mecanismos extraordinarios aplicados sin la autorización de los Estados vulneran la soberanía e impiden una verdadera cooperación.
La resolución enviada al pleno contó con el respaldo de 25 naciones. Asimismo, la votación registró 17 abstenciones y cinco votos en contra. Los países que manifestaron su negativa a la renovación del mecanismo fueron China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi.
Posición oficial de la representación venezolana
Tras el anuncio, la delegación venezolana objetó la decisión al ratificar su rechazo a las evaluaciones que se realizan sin la autorización previa de las autoridades nacionales, además de señalar que se vulnera la soberanía y se obstaculiza el trabajo conjunto, informó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
"Ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido y avanzar hacia modalidades de cooperación capaces de producir resultados concretos, sostenibles y construidos en conjunto", indicó la representación nacional.
Asimismo, el gobierno encargado precisó que este tipo de estructuras "no deberían perpetuarse indefinidamente ni renovarse de manera automática". A su vez, los representantes expresaron que dichos instrumentos "deben acompañar y complementar las capacidades nacionales, no sustituirlas".
Alcance de las relaciones con la oficina del organismo
Aunque el país valoró de forma positiva el restablecimiento del diálogo e intercambios directos con la oficina de la entidad, fijó una postura clara sobre las implicaciones jurídicas de la votación.
La delegación recalcó además que el acuerdo adoptado por el consejo "no podrá interpretarse de forma alguna como consentimiento, apoyo o aceptación explícita o implícita" a la extensión de la Misión. Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso con la defensa de las garantías fundamentales bajo un esquema estricto de cooperación bilateral.
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