La magnitud de los daños ocasionados por los potentes terremotos que han devastado buena parte del país nos enfrenta a una realidad incuestionable, que trasciende cualquier diferencia política, ideológica o administrativa: la prioridad absoluta es la preservación de la vida humana y la viabilidad futura de nuestras comunidades.
Las cifras hablan por sí solas. Los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio de 2026 han dejado, según distintos balances oficiales e internacionales, más de 1.700 fallecidos, más de 3.000 heridos y decenas de miles de personas afectadas o desplazadas, CIFRAS QUE LAMENTABLEMENTE IRÁN EN ASCENSO, además de un severo colapso de infraestructura crítica en varias regiones del país.
En zonas particularmente golpeadas, como La Guaira y el eje central, se reportan centenares de edificaciones destruidas, hospitales colapsados y fallas prolongadas en servicios básicos.
En situaciones de emergencia extrema, la acción oportuna y la visión de Estado son los únicos indicadores válidos de una auténtica voluntad de servicio. No obstante, el desafío que encaramos no se limita a las labores inmediatas de rescate y atención; se proyecta hacia un complejo y costoso proceso de reconstrucción. La experiencia internacional demuestra que eventos sísmicos de gran magnitud pueden implicar pérdidas equivalentes a porcentajes sustanciales del Producto Interno Bruto: en América Latina, terremotos recientes han generado costos de reconstrucción de hasta 17 % del PIB nacional.
En el caso venezolano, algunos expertos ya estiman pérdidas iniciales de al menos 2.400 millones de dólares, una cifra que probablemente aumentará a medida que avancen las evaluaciones. Si bien es justo reconocer y aplaudir la notable movilización de la solidaridad interna en todos los sectores, también es imperativo asumir con realismo que la magnitud de la catástrofe exige el apoyo sostenido de la comunidad internacional durante años.
Nuestra economía, debilitada por prolongadas dificultades estructurales, carece hoy del músculo financiero y la liquidez necesarios para afrontar en solitario un proceso de recuperación de esta escala. El país viene de una contracción acumulada de más de 75 % de su PIB en la última década, con niveles de inflación que siguen entre los más altos del mundo y un ingreso nacional que apenas ronda los $100 mil millones.
Estos datos no solo describen una crisis prolongada, sino que explican con crudeza por qué los recursos internos resultan insuficientes frente a una tragedia de esta magnitud.
Reconocer esta realidad no constituye una debilidad, sino un acto de responsabilidad y madurez política: Venezuela no puede sola. La cooperación técnica, la apertura a la inversión extranjera y la articulación de mecanismos de financiamiento multilateral no menoscaban la soberanía nacional; por el contrario, la ennoblecen al situar el bienestar de los ciudadanos como la máxima prioridad del Estado.
Por ello, desde esta tribuna hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades: es imprescindible activar sin dilaciones todos los canales diplomáticos, financieros e institucionales disponibles. Exhortamos al Ejecutivo a tender puentes con organismos multilaterales de crédito, fondos internacionales de asistencia y capitales privados dispuestos a contribuir. Este no es momento para trabas burocráticas, dogmatismos ni recelos ideológicos.
La experiencia nos obliga a recordar una lección dolorosa. No deben repetirse errores del pasado, cuando, ante tragedias de gran magnitud, se limitaron o rechazaron oportunidades de ayuda internacional, con consecuencias profundamente lamentables para la población.
La reconstrucción del país requerirá un plan sólido y de largo alcance, sustentado en garantías de transparencia, seguridad jurídica y apertura económica. La magnitud del reto no solo se mide en cifras de destrucción, sino en la capacidad de respuesta institucional que el país sea capaz de articular en los próximos meses y años.
La historia no juzgará a sus líderes por su aislamiento en la adversidad, sino por su capacidad de convocar el apoyo global cuando las circunstancias lo exigen. Salvar vidas hoy y asegurar el sustento de mañana debe ser, sin excepción, la consigna nacional.
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