Durante su intervención en la 79 reunión plenaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Canciller de Venezuela, Yván Gil, destacó que más de 1.000 sanciones han sido impuestas por el Gobierno estadounidense en la última década, afectando áreas estratégicas de la economía venezolana.
Además, Gil señaló que más de 30 naciones dentro de la ONU son objeto de sanciones que impactan la vida cotidiana de más de un tercio de la humanidad, limitando el desarrollo de sectores clave en distintos países.
El funcionario argumentó que estas acciones afectan el acceso a bienes y servicios, la transferencia de tecnología y el desarrollo de la cooperación internacional.
Según información publicada por VTV, Gil destacó el impacto negativo de estas medidas en el pleno ejercicio de los derechos humanos y cuestionó la estrategia detrás de su aplicación, señalando que muchas de ellas buscan encubrirse bajo otras denominaciones.
Impacto de las sanciones y su uso en el contexto global
El canciller enfatizó que estas restricciones han sido utilizadas como instrumento de presión política, económica y financiera. También expresó que la imposición de estas medidas contradice los principios fundamentales establecidos en la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.
Entre los ejemplos mencionados, Gil hizo referencia al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que ha estado vigente por más de 60 años. En este sentido, Venezuela reafirmó su solidaridad con el país caribeño y pidió al gobierno de Estados Unidos que ponga fin a estas restricciones y elimine a Cuba de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo.
Propuesta de Venezuela ante el sistema multilateral
En su intervención, el funcionario venezolano expuso la necesidad de encontrar mecanismos para contrarrestar y mitigar los efectos de estas sanciones, asegurando que Venezuela continuará explorando vías dentro del sistema multilateral, alineándose con la Organización Mundial del Comercio y la Carta de Naciones Unidas.
Según el medio, el país reafirmó su compromiso con la búsqueda de soluciones que permitan fortalecer un marco jurídico internacional más independiente y respetuoso del derecho internacional, con el objetivo de avanzar hacia una cooperación global sin restricciones externas.
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