Al paso de la hiperinflación y la devaluación, el bolívar ha venido desapareciendo de la escena como moneda. Una moneda para que se precie de tal, cumple tres funciones esenciales. Servir de medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor. La última claramente no lo cumple el bolívar, porque lejos de preservar el valor, el bolívar carece de valor. En cuanto a la unidad de cuenta, este atributo se ha estado perdiendo debido a que los precios de muchos bienes ya están denominados en dólares o euros, no en bolívares. En lo relativo al bolívar como medio transaccional, conviene citar que algunos estudios de opinión indican que un 35% de los venezolanos reporta que hace pagos en dólares. Ello es así, primero porque hay dólares con los cuales hacer transacciones y segundo porque fijar los precios de ciertos bienes en bolívares carece de sentido, debido al aumento sostenido de los precios. Debe destacarse que cerca de 40% de los venezolanos manifiesta que recibe remesas, situación que refuerza la dolarización.
En medio de todo esto lo que al principio fue una dolarización caótica, ésta ha venido adquiriendo cada vez más forma, confeccionada desde las alturas del régimen. El TSJ acordó, por ejemplo, que los cánones de arrendamiento de establecimientos comerciales podrían cobrarse en dólares aunque con la salvedad que su expresión fuese en bolívares a la tasa de cambio oficial. Más recientemente, el BCV estableció que las tasas de interés se anclarían al dólar, en función de la tasa de cambio oficial, con el objeto que el valor del crédito no se licue con la inflación y la banca no resulte más perjudicada. Pero, ¿quién vela porque el salario de los trabajadores y las pensiones y jubilaciones no sean barridos por la hiperinflación, como sucede hoy?
Vehículos, apartamentos, repuestos de todo tipo, cauchos para autos, servicios médicos y odontológicos, servicios de plomería albañilería, taxis a los aeropuertos, comidas expendidas en ciertos restaurantes, entre tantos otros bienes y servicios se cotizan y se transan en dólares o euros. Es más, algunas empresas privadas con músculo pagan una parte de sus nóminas en dólares o sus trabajadores reciben cierta compensación en divisas. Los parias del régimen son los empleados públicos, actualmente arruinados por la hiperinflación. De allí que, así como se ajusta el valor de los alquileres y los créditos bancarios al valor del dólar, así mismo debe hacerse con los salarios, para preservar en alguna medida el poder adquisitivo de al menos cuatro millones de empleados públicos y privados que devengan salario mínimo. Este planteamiento fue hecho por primera vez en 2015 por Tomás Guanipa y recibió todo tipo de epítetos, por cierto de muchos que si cobran en dólares por los servicios que prestan. La propuesta es la siguiente: se determina en valor de la canasta de bienes y servicios para una familia de cuatro integrantes en bolívares. Luego, al final de cada mes, ese valor se divide entre la tasa de cambio del dólar promedio del mes y el trabajadores recibirá en mes siguientes el equivalente al 70% del costo de la canasta, en moneda nacional y de esta manera el trabajador recibiría un monto que no se depreciará con la inflación. Estamos obligados a defender a quienes menos tienen, los asalariados.